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Miércoles 25 de noviembre de 2009
Colombia | Ampliación

Se agudiza conflicto entre Gobierno y Cortes por terna para Fiscal



Elpais.com.co - Colprensa

Los acostumbrados roces entre la Presidencia de la República y la Corte Suprema de Justicia tuvieron este miércoles un nuevo capítulo. En un pulso que pareciera no tener fin, la Casa de Nariño cuestionó este miércoles la credibilidad del Presidente y vocero del Alto Tribunal, magistrado Augusto Ibáñez, a quien el domingo pasado había calificado de mentiroso.

"Es muy grave para las instituciones de Colombia que el presidente de la Corte Suprema de Justicia esté diciendo mentiras de las conversaciones que ha sostenido con el Presidente de la República", señaló César Mauricio Velásquez, vocero de prensa del palacio presidencial, hace apenas cuatro días.

Pero la arremetida no paró allí, "la credibilidad y vocería de su Presidente (Corte Suprema), magistrado Augusto Ibáñez, queda seriamente comprometida ante el país y la opinión pública, al faltar a la verdad públicamente sobre lo trascendido en reuniones con el Presidente de la República y su Ministro del Interior y de Justicia, en materia tan delicada como la elección de Fiscal General de la Nación", se afirmó este miércoles en el comunicado de la Casa de Nariño.

Es precisamente la mora en que ha incurrido la Corte de cara a la elección del Fiscal General, la razón fundamental de estos episodios, que ya completan los cinco meses, y que podrían trasladarse al 2010 si la Corte no elige el sucesor del ex fiscal Mario Iguarán, el 10 de diciembre próximo cuando los 23 magistrados que integran el Tribunal se reunirán para tal fin.

"¿Qué se puede esperar de su tarea de administrar justicia?", preguntó la Casa de Nariño al poner en entredicho la labor de Ibáñez como magistrado, lo que profundiza aún más las diferencias.

Lo cierto es que a pesar de los argumentos de la Corte, la Constitución Política le da la razón al Primer Mandatario de los colombianos, pues los tres aspirantes a la Fiscalía propuestos cumplen los requisitos establecidos.

Texto completo:

El Gobierno Nacional sabe del papel fundamental de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dentro de la democracia colombiana. No obstante, la credibilidad y vocería de su Presidente, magistrado Augusto Ibáñez, queda seriamente comprometida ante el país y la opinión pública, al faltar a la verdad públicamente sobre lo trascendido en reuniones con el Presidente de la República y su Ministro del Interior y de Justicia, en materia tan delicada como la elección de Fiscal General de la Nación.

El Gobierno comunica a la opinión pública que tiene testigos que escucharon a los directivos de la Corte decir que con el reemplazo del ternado "había quedado resuelto el problema del Fiscal". Si la sala plena de la CSJ no hubiese aceptado esto –como ahora lo afirma el magistrado Ibáñez- debió comunicarlo así al Ejecutivo, y no mentirle al país.

El Gobierno Nacional es consciente de la necesaria colaboración armónica de los poderes públicos, pero lo es más de que para que haya una verdadera justicia es imprescindible que sus representantes obren siempre con apego a la verdad y la Ley. Si el Presidente de la CSJ miente, ¿qué se puede esperar de su tarea de administrar justicia?

El Gobierno hace nuevamente un llamado a la Corte para que, como lo espera el país, de manera urgente aboque su función constitucional de elegir Fiscal General de la Nación.

Un Deja Vú

Un enfrentamiento similar al que ocupa la atención de las partes ya se había presentado. Hace un par de años (2007), el presidente Uribe se vio enfrentado al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete.

En esa oportunidad, al igual que en el caso presente, las declaraciones entregadas a un medio de comunicación por Valencia en las que daba cuenta de las preguntas que le habría hecho el Primer Mandatario desde Nueva York, Estados Unidos, respecto del caso que se seguía en contra de su primo Mario Uribe, investigado por sus supuestos nexos con paramilitares, fue la piedra en el zapato.

Esto fue precisamente lo que motivó una denuncia por injuria y calumnia por parte del presidente Uribe en contra de Valencia Copete, la misma a la que aún hoy no ha dado respuesta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Procurador como mediador

Ante este panorama, la única salida que se plantea es precisamente el que el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, sirva como mediador.

La posibilidad de esta intervención es vista por muchos como una salida amigable al asunto, pues Ordóñez sólo podría dar una recomendación que ni puede imponer criterio u obligar a que se cumpla.

Incluso, no hay una norma constitucional expresa que determine la intervención de la Procuraduría en estos asuntos y tampoco que le atribuya una misión de esta categoría.

La aceptación de Ordóñez permitiría que se configurara un hecho nunca antes visto en la historia de la elección al Fiscal, que de por sí ya tiene una novedad: el tiempo de interinidad que lleva en la Fiscalía Guillermo Mendoza Diago, vicefiscal de Iguarán Arana.

Precisamente este miércoles se conoció que el Gobierno aceptaría la labor de Ordóñez, luego de una carta que éste envió ofreciendo su mediación.

Un intento similar al que se propone ahora con el jefe del Ministerio Público fue el que intentó el representante a la Cámara Ramiro Chavarro mientras fue presidente de la Comisión de Acusaciones, en su oportunidad dentro del proceso Álvaro Uribe vs César Julio Valencia, sin que se hubiera presentado algún resultado positivo.

El dato

A lo largo de estos enfrentamientos se han escuchados calificativos como "sesgo ideológico", "obstáculo para la paz", "sepulcros blanqueados" y mentirosos.

En estas dos oportunidades (Uribe-Valencia y Uribe-Ibáñez) se ha hablado de testigos de parte y parte, quienes servirían para sustentar los cuestionamientos de parte y parte.




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