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Jueves 16 de noviembre de 2006
Investigación
“Escobar financió toma del Palacio de Justicia”



Nueve tanques de guerra ingresaron al Palacio de Justicia por orden del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien comandó el operativo de recuperación del edificio.
Archivo I El País
El documento señala que el M-19 es el primer responsable de la tragedia. Sindica al ex presidente Betancur de haber asumido una actitud pasiva.

Sobre el Ejército, afirma que se excedió en el operativo. Esto es lo que hallaron los ex magistrados de la Corte Suprema, contrastado con lo que se dijo durante 21 años.


Betancur fue un simple espectador

LO QUE SE DECÍA: El presidente Belisario Betancur, gobernante de la época de los hechos, siempre ha guardado silencio frente al tema. Según el ex ministro de Justicia Carlos Medellín Becerra, hijo del inmolado magistrado Carlos Medellín Forero, los entonces ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, y comandante de las Fuerzas Militares, general Rafael Samudio Molina, le informaron a Betancur que el operativo militar había empezado, pero “éste no hizo nada para detenerlo”.

LOS HALLAZGOS DE LA COMISIÓN: Para la Comisión de la Verdad, gran parte de la responsabilidad la tuvo el Presidente. El ex Mandatario “actuó como un espectador más de los hechos”, ya que no negoció con la guerrilla del M-19, pese a las súplicas de los rehenes para un cese del fuego. “Hubo ausencia de poder”.

“Es claro que el Gobierno no quiso negociar, sin tener en cuenta que eso no se supeditaba al diálogo y a salvaguardar las víctimas, la vida de los rehenes”, reza el informe de los tres ex magistrados.

Betancur, según el documento de la Comisión de la Verdad, tampoco tomó decisiones para evitar el ingreso de la Fuerza Pública al Palacio.

La relación de la toma con el narcotráfico

LO QUE SE DECÍA: En su momento, el M-19 argumentó que haría en el Palacio de Justicia “un juicio” a Betancur, al considerar que “no cumplió” algunos pactos suscritos con esa guerrilla.

El general en retiro de la Policía, Miguel Alfredo Maza Márquez, entonces director del DAS, afirmó que sí hubo un maridaje entre el narcotráfico y la guerrilla para frenar la extradición.

LOS HALLAZGOS DE LA COMISIÓN: Todo indica que el capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria habría financiado con dos millones de dólares la toma al Palacio. “En 1985, miembros de la dirección del M-19 se reunieron en Medellín con Escobar, recibieron dineros de su cartel y realizaron acciones criminales conjuntas, lo que no fue compartido por otros miembros del grupo subversivo”, señala el informe.

Previamente a la toma, el cartel había intimidado a los magistrados para que no aprobaran el estudio sobre extradición. El 6 de noviembre de 1985, día del ataque, la única sala de la Corte que debía sesionar, como lo hizo, era la Constitucional. El tema a debatir era la legalidad de la ley aprobatoria del tratado de extradición.

Una vez llegaron al cuarto piso del Palacio, los guerrilleros se refirieron a los magistrados como “rehenes fundamentales”.

¿Quién causó los incendios?

LO QUE SE DECÍA: El coronel (r) Alfonso Plazas afirmó a El Pais que los incendios fueron causados por los guerrilleros, con particular interés en el cuarto piso del Palacio, donde estaban los expedientes de narcotraficantes y las tres demandas de inexequibilidad al tratado de extradición con Estados Unidos, que iban a ser falladas el día de la toma por el tribunal. “Eso nos demuestra la connivencia que había entre el M-19 y los capos del narcotráfico”, dijo Plazas hace un año, cuando se conmemoraron dos décadas de la toma.

LOS HALLAZGOS DE LA COMISIÓN: Según el informe de la Comisión de la Verdad, los incendios en el Palacio se habrían originado en tres fuentes: el sótano de los parqueaderos; el primer piso en un costado de la biblioteca, donde se le prendieron fuego a varios documentos, y las oficinas del cuarto piso.

Esta última conflagración, de acuerdo con el informe, sucedió por la detonación de una bazuca, como la identificaron los testigos, por el lado de la Plaza de Bolívar.

Hubo excesos de la fuerza pública

LO QUE SE DECÍA: En el 2005, cuando se cumplieron 20 años del hecho, el coronel (r) Alfonso Plazas, quien comandó el operativo militar para retomar el control en el Palacio, justificó en entrevista con El Pais su actuación y afirmó que el ingreso de tanques de guerra “era absolutamente indispensable para recuperar el edificio”. Y agregó: “Rescatamos a 245 personas y terminamos siendo los malos”.

LOS HALLAZGOS DE LA COMISIÓN: El Ejército fue, para la Comisión, el tercer responsable del desenlace de los hechos en el Palacio. “El operativo (de recuperación) fue tan intrépido como torpe, porque ninguno de los oficiales conocía el edificio, no habían estudiado los planos y tampoco conocían la posición exacta de los rehenes y sus captores”, según el informe.

De acuerdo con el documento, “por lo menos tres de los once magistrados muertos (Alfonso Reyes, Ricardo Medina y Eduardo Gnecco) mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no usó la guerrilla”.

En hechos atribuidos a los miembros de la Fuerza Pública, “se incineraron algunos cadáveres, se lavaron otros y se les despojó de sus prendas”.

El número
109 personas, entre magistrados, miembros de la Fuerza Pública y empleados del Palacio de Justicia, murieron en la toma.
Para la Comisión, el operativo realizado por el Ejército, al cual calificó de “desproporcionado”, obedeció a los antecedentes de reveses militares que el M-19 le había causado, como el robo de cinco mil armas de la Brigada Trece.

Sobre los desaparecidos, entre ellos empleados del Palacio e incluso guerrilleros, la Comisión anotó que no se descarta que sus cadáveres hayan sido llevados a un depósito de basuras cercano a Bogotá o sepultados en fosas comunes.

La comisión también estableció que el Ejército impidió el ingreso de la Cruz Roja para que auxiliara a los rehenes.

Reacciones encontradas

- “La Comisión es un buen ejercicio académico que necesita mejores fuentes y un presupuesto mayor para que pueda trabajar de cara y no de espalda a las víctimas”. René Guarín, hermano de María del Pilar Guarín (desaparecida).

- “Es gratificante que se dé a conocer la verdad de los hechos. La Comisión tiene como propósito que las generaciones tanto anteriores como venideras no olvidemos los sucesos que hacen parte del horror del país, y para que no haya odios ni venganzas”. Amelia Mantilla, esposa de ex magistrado muerto.

- “La teoría de la financiación de Pablo Escobar está desvirtuada. Si hubieran existido esos dos millones de dólares, los guerrilleros no habrían entrado tan mal armados al Palacio”. Maurén Maya, coautora del libro ‘Prohibido olvidar’, que relata los hechos.

- “Mi esposo salió vivo del Palacio haciendo la ‘v’ de la victoria. Lo llevaron a la Casa del Florero, lo montaron a una ambulancia, le dieron dos vueltas y luego apareció con los demás muertos que estaban calcinados, pero con un tiro en la frente”. María Rodríguez, esposa de Andrés Almarales, guerrillero que comandó la toma.

- “El informe ataca al M-19 y busca tapar los nexos de los políticos con los grupos paramilitares, para enlodar de paso al Polo Democrático. Se trata de una persecución”. Wilson Borja, representante del Polo Democrático Alternativo.

Tres datos claves

1. La Comisión de la Verdad fue creada por la Corte Suprema de Justicia en noviembre del 2005, para tratar de esclarecer lo sucedido durante el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando 35 guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia.

2. Los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla son los integrantes de la Comisión de la Verdad.

3. Debido a que los tres ex magistrados no tienen calidad de jueces, el documento revelado ayer sólo tiene efectos históricos y académicos.

Lo que habia dicho

“El muerto más importante de la toma fue el presidente Belisario Betancur, que se quedó sentado en una silla traída de Amagá”. Carlos Betancur, ex magistrado y sobreviviente de la toma.

En pocas palabras

“La verdad es dolorosa para el país. Son tres los responsables del fatal desenlace de la toma: el M-19, Belisario Betancur y el Ejército”. José Roberto Herrera, ex magistrado de la Corte Suprema.

Ordenan detención del coronel (r) Sánchez

Colprensa - Bogotá.

Momentos antes de que se conociera el informe de la Comisión de la Verdad, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento contra el coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada durante la toma al Palacio de Justicia.

Sánchez Rubiano, para la época de los hechos, era el jefe de Inteligencia del B2 de la Brigada Trece del Ejército y, según lo establecido por el ente investigador, había dirigido el operativo de verificación de las personas que al parecer salieron con vida de la edificación judicial.

El oficial en retiro y hasta ayer director de la cárcel de El Guamo, Tolima, fue vinculado a la investigación el pasado 22 de agosto, día en que acudió a indagatoria, luego de que la Fiscalía encontrara pruebas de que al menos dos de las once personas reportadas como desaparecidas habían salido con vida: el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, y la cajera temporal María Cristina Guarín.

Según el órgano investigador, los miembros del B2 del Ejército realizaron las operaciones en la Casa del Florero, lugar adonde eran conducidas las personas rescatadas del Palacio de Justicia.

Al proceso, reabierto desde el pasado 6 de diciembre, han sido allegadas más de 600 pruebas testimoniales y documentales para establecer la comisión del delito de desaparición. Una de ellas es el registro de entrada de rehenes a las instalaciones de la Brigada Trece del Ejército.

El fiscal general, Mario Iguarán, dijo que contra Sánchez Rubiano “hay evidencias y declaraciones de un buen número de generales y coroneles, algunos retirados”.




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