AUC
“En el Valle hay 300 fosas con 800 cuerpos”
Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía deberán comenzar a buscar las fosas comunes dejadas por los paramilitares, una vez empiecen las confesiones.
Archivo | El País |
| La mayoría de las víctimas estarían enterradas en las zonas rurales de Buenaventura, Tuluá, Buga, Trujillo, La Cumbre y Dagua. Entre los restos estarían los de un hermano de un senador y los de un ex representante a la Cámara.
Sin que Colombia haya salido del asombro por el hallazgo de 211 cadáveres enterrados en 56 fosas comunes en La Hormiga, Putumayo, El Pais conoció que esa cifra sería muy inferior a la estela de muerte que dejó el fenómeno paramilitar en el Valle del Cauca.
Según versiones recogidas por El Pais, en esta región del suroccidente colombiano habría más de 300 fosas comunes con los restos de por lo menos 800 personas ejecutadas por miembros del grupo armado ilegal.
Así lo denunciaron José Antonio Arboleda, alias ‘El Paisa’, y Albeiro Enrique Serna, alias ‘Monterrey’, voceros de los 116 paramilitares del Bloque Calima que se encuentran recluidos en la penitenciaría Villa de las Palmas, en Palmira.
De acuerdo con los ex miembros de las AUC , los sitios en los que se encuentran estas personas, “ejecutadas por pertenecer a la subversión o auxiliar a guerrilleros”, están, en su mayoría, ubicados en zonas rurales de los municipios de Buenaventura, Tuluá, Buga, Trujillo, La Cumbre, La Unión y Dagua.
En diálogo con El Pais, Arboleda señaló que para hacer entrega de los mapas de ubicación de las fosas los ex paramilitares esperan que termine de darse el trámite para que sean acogidos por los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
“Lo que queremos con esta entrega es no sólo cumplir con las exigencias de la norma, sino ayudarles a esas familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos en el marco de este conflicto, para que sepan dónde están sus víctimas”, indicó Arboleda.
Agregó que entre las fosas se encuentran los restos de un hermano de un ex senador y un ex representante a la Cámara, “que sus familias dan como secuestrados, pero en realidad fueron ejecutados”.
La guerra en el Valle. Entre los sitios que fueron identificados por los paramilitares como campos de ejecución figuran sectores como La Inmaculada, Gamboa y R9 (en Buenaventura); la zona de Montañitas (entre Yumbo y La Cumbre), y Barragán y La Marina (en Tuluá), entre otros.
“Existe, además, una especie de cementerio paramilitar en la parte alta de Trujillo, en el sitio conocido como La Sonora, donde hombres y mujeres fueron enterrados”, precisó Serna.
Como ha ocurrido en otras partes del país, las personas que se encuentran entre las fosas fueron asesinadas con tiros de gracia o desmembradas.
La génesis de esta guerra que se extendió por gran parte del Valle fue el propósito de los paramilitares, comandados por Hébert Veloza, alias ‘HH’, de ocupar los territorios que estaban en poder de las Farc.
Parte de esa misión en el municipio de Buenaventura fue la que cumplió José Antonio Arboleda, quien llegó al Frente Pacífico del Bloque Calima con la misión de propiciarle bajas al Frente 30 de las Farc.
“Yo me desempeñé como puntero de una escuadra que fue encargada de darles golpes a los hombres y auxiliadores de Neftalí Umenza, alias ‘Mincho’. Esos golpes se propinaron tanto en zona rural como en zona urbana de Buenaventura. Fueron innumerables las bajas”, dijo Arboleda.
Esa es una de las razones por las cuales los paramilitares han solicitado que en la cárcel los ubiquen en un sitio exclusivo para personal paramilitar.
“Nosotros ahora no podemos revelar ninguna información porque en esta cárcel estamos revueltos con gente de las Farc, con dolientes de esas víctimas y eso podría desatar una guerra en el penal”, expresó por su parte Serna.
Otros delitos. De acuerdo con los ex paramilitares, las fosas que piensan entregar son sólo una parte de toda la información que poseen.
“No son sólo fosas. Nosotros aún tenemos personal afuera que nos entrega información y podemos ayudar a la liberación de varias personas que están en poder de las Farc”, manifestó Serna. Agregó que entregarían la ubicación de válvulas que fueron conectadas clandestinamente al poliducto de Ecopetrol para el financiamiento del grupo armado y que estarían explotando otras personas.
Los ex paramilitares advirtieron que las cifras sobre fosas comunes se van a elevar cuando les permitan cotejar la información con los compañeros recluidos en las cárceles de Tuluá, Buga y Popayán.
Así las cosas, el Valle del Cauca queda a la espera de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz para empezar, de una vez por todas, a desenterrar su verdad.
El dato clave
Los paramilitares desmovilizados, al igual que aquellos que permanecen presos, pueden ser cobijados por los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. El Gobierno visita actualmente las cárceles para cotejar la información. | | La situación legal de José Antonio Arboleda
Este hombre, quien perteneció al Frente Pacífico del Bloque Calima, fue incluido por el Comisionado para la Paz en un listado de beneficiarios, pero el Mininterior debe emitir un certificado.
José Antonio Arboleda aparece en un listado de verificación del Ministerio del Interior para ser acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Dicho listado fue entregado por el Alto Comisionado para la Paz, en cumplimiento del Decreto 4760 del 2005, según un oficio del 1 de febrero del 2007, al cual tuvo acceso El Pais.
El oficio precisa que el procedimiento a seguir “es revisar que la providencia judicial determine la pertenencia” de Arboleda al Frente Pacífico del Bloque Calima, para notificarle ese dato a la Fiscalía, ante la cual el paramilitar debe confesarse.
El Pais conoció que el Gobierno estudia la implementación de un decreto complementario a la Ley 975 del 2005 —norma que permite la reconciliación con los grupos armados ilegales— para que el Comisionado determine directamente quiénes se pueden acoger a los beneficios, sin la verificación del Mininterior.
En el Valle del Cauca se está terminando de implementar el aparato operativo para la confesión de los paramilitares, por lo que la versión libre de Arboleda tardaría unos meses. Él y otros 115 reclusos de la penitenciaría de Palmira —entre ellos 72 condenados por la masacre del Naya— no fueron acreditados como paramilitares por Hébert Veloza, alias ‘HH’, ex comandante del Bloque Calima, quien perdió los beneficios de la Ley de Justicia y Paz tras fugarse y ser capturado.
La Masacre del Naya
La región del Naya se encuentra ubicada en medio de los municipios de Buenaventura (Valle del Cauca) y López de Micay y Buenos Aires (en el Cauca).
La zona se hizo tristemente célebre por la masacre que perpetró más de un centenar de hombres del Bloque Calima de las autodefensas, entre el 10 y el 12 de abril del 2001, en 17 veredas de la parte alta de la región.
Aunque nunca se pudo establecer el número exacto de las víctimas, las autoridades han estimado que murió en la incursión armada más de un centenar de personas y mil más fueron obligadas a dejar sus tierras.
En mayo del 2001, unidades de la Infantería de Marina capturaron, en el marco de la Operación Dignidad, a 68 personas señaladas como autores materiales de la masacre. Igualmente, se han producido otras capturas en diferentes regiones del país.
Por este hecho permanecen recluidos en la penitenciaría de Villa de las Palmas, en Palmira, 72 de los responsables, quienes fueron condenados por un juez especializado a 40 años de cárcel y a pagar $340 millones, cada uno, para reparar a las víctimas. Hoy, estas personas esperan que sean amparadas con los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
Otras masacres de ‘paras’ en Valle
Octubre 3 del 2004: once integrantes de una misma familia fueron asesinados por un grupo de paramilitares en Villagorgona, zona rural de Candelaria.
Abril 19 del 2005: doce jóvenes que jugaban fútbol en el barrio Punta del Este, en Buenaventura, fueron llevados con engaños en una buseta y luego asesinados.
Julio 9 del 2006: pese a haberse desmovilizado, hombres del Bloque Calima asesinaron a seis personas en el municipio de Buenaventura.
El número
425 desaparecidos en el Valle, por acción de los paramilitares, fueron reportados ante la Defensoría del Pueblo entre el 2002 y el 2006.
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