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Sábado 03 de marzo de 2007
Filtración De Información
Cae otra alta funcionaria de la Fiscalía

Colprensa, Bogotá.

Solicitarán renuncia de Directora de Oficina de Relaciones Internacionales. Información que alertó a varios narcotraficantes para eludir su captura habría salido de la oficina de María Fernanda Cabal. El fiscal Mario Iguarán aceptó la dimisión del coordinador de la Unidad Antimafia y rechazó la del jefe de la Unidad de Derechos Humanos.

Vientos de crisis parecen soplar de nuevo en la cúpula de la Fiscalía General de la Nación, luego de la renuncia de tres altos funcionarios del organismo.

Aunque el propio fiscal Mario Iguarán ha desvirtuado las versiones de una nueva crisis, las dimisiones se produjeron luego de decisiones trascendentales adoptadas por la entidad.

La filtración de información sobre pedidos de extradición que habría alertado a varios presuntos narcotraficantes que consiguieron eludir operativos conducentes a su captura, tienen en vilo la suerte de María Fernanda Cabal, directora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Fiscalía.

Versiones señalan que la información de los narcotraficantes habría salido de la oficina dirigida por Cabal, aunque las investigaciones adelantadas por los departamentos de contrainteligencia de la propia Fiscalía y del DAS no lo han podido determinar.

Pero esta circunstancia significaría la cabeza de la mencionada funcionaria, quien se encuentra de vacaciones en Estados Unidos, pero que según lo confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía, Mario Iguarán esperará su regreso al país para solicitarle su dimisión.

Otro de los aspectos que al parecer determinaron la salida de la funcionaria fue una nueva filtración, esta vez de una decisión trascendental que la Unidad de Derechos Humanos adoptó el pasado 21 de febrero al llamar a indagatoria a 69 militares por la muerte de ocho campesinos y un menor de edad en San José de Apartadó, en febrero del 2005.

La decisión, no menos sorpresiva porque se había responsabilizado a las Farc de esa masacre, fue conocida por el Gobierno que no ocultó su malestar. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se habría comunicado con el Fiscal para conocer la información, la cual, según algunas versiones, habría sido filtrada por la directora de la Oficina de Relaciones Internacionales.

El coordinador de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Leonardo Cabana, le entregó la carta de renuncia al Fiscal por el malestar que causó la filtración de uno de los expedientes del caso, pero Iguarán no le aceptó la dimisión.

Pero la primera de las renuncias confirmadas fue la de Camilo Bula, coordinador nacional de la Unidad Antinarcóticos e Interdicción Marítima, una de las de mejores resultados durante la gestión de Mario Iguarán.

Bula habría presentado su renuncia la semana pasada pero sólo hasta este jueves pasado se oficializó con formalidad.

El fiscal antimafia, en declaraciones a los medios de comunicación informó que su renuncia obedecía a razones personales y no porque estuviera involucrado en algún hecho irregular.

"Renuncié la semana pasada, venía cansado y mi familia vive en el exterior" , declaró.

Las dudas sobre el Fiscal Antimafia

Camilo Bula Galeano llegó a la Fiscalía de la mano del fiscal Mario Iguarán por ser subalterno suyo en el Ministerio de Justicia. Más tarde lo asignaría como jefe de la oficina que maneja a todos los fiscales especializados antimafia del país y que coordina los operativos antinarcóticos de la mano de la DEA y de la Policía colombiana.

El Gobierno de los Estados Unidos recientemente lo condecoró por los resultados frente a la lucha contra el narcotráfico, las extradiciones y la captura de varios narcotraficantes.

Pero tras su renuncia, aceptada por el Fiscal, se conoció que Bula había sido investigado en el 2003 por presunta falsedad en documento.

El proceso se originó en un oficio de la Unidad Nacional de Registro de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, con el que se informó que esa oficina negó la inscripción como abogado de Bula, quien había presentado una acta de grado que al parecer no fue debidamente expedida por la Universidad Católica de Colombia. La propia universidad certificó que no adelantó estudios allí y que tampoco otorgó el acta.




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