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Domingo 01 de marzo de 2009
Colombia
El engaño de los Rodríguez



Segunda Generación. Con este singular nombre las autoridades bautizaron la operación con la que se capturó a 28 personas, entre ellas 7 familiares de los hermanos Rodríguez.
Cortesía Dijín
Detalles de la estrategia que usó este clan para ocultar su fortuna a las autoridades.

Las compañeras del curso de repostería que tomaba en Cali Amparo Rodríguez de Gil, no salen del asombro luego de que su amiga fuera capturada en un amplio operativo adelantado en la madrugada del miércoles por Dijín y la DEA.

No lo pueden creer porque según cuentan “nunca demostró ser una personas ostentosa ni llegaba con escoltas o en carros lujosos”. Es más, dicen para reafirmar su convencimiento, “Doña Amparo estaba levantando dos nietos que le mandaron desde los Estados Unidos, y como no siempre le alcanzaba la plata, preparaba y vendía tamales”.

Pero la fe que le tiene ese grupo a la hermana de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, no la comparte la Fiscalía en Colombia, ni la Oficina del Tesoro en los Estados Unidos.

Para ambos entes la captura de 28 personas, incluidos siete familiares de los capos del cartel de Cali, es un paso más en la ardua tarea de desmantelar esa organización criminal.

Las raíces del engaño

“Alexandra me pidió contactar a un señor de una inmobiliaria que tenía toda la documentación de sus inmuebles: escrituras, informes de cartera, cuentas por pagar, es decir, la contabilidad”, señaló el contador Gustavo Hernán Romy, durante una declaración rendida el 9 de abril de 2008 y que hace parte de las pruebas de la Fiscalía contra el clan Rodríguez.

Por las manos de este hombre, quien hoy es un testigo protegido de la DEA, pasaron los documentos de más de cien inmuebles de esa familia. La información contenida en los documentos fue integrada a un software diseñado por él, en el que se describen más de 500 propiedades de los dos capos.

“Recibí 120 inmuebles. Los involucré en la base de datos y realicé un informe detallado con ciudad, clase, número de escritura, propietario, valor de la compra, matrícula inmobiliaria y el estado actual de los bienes”, explicó.

La estrategia utilizada para ocultar estos bienes a través de testaferros tenía su propio código, al parecer creado por María Alexandra Rodríguez, quien es señalada por la Fiscalía de incurrir en el delito de lavado de activos.

“Fue mi jefe inmediata y su instrucción era que no habláramos por teléfono de asunto y que si por cualquier razón lo hacíamos, utilizábamos sus códigos”, señaló Romy.

De acuerdo con el testigo principal del caso, la propiedad real de los inmuebles se guardaba aparte, para no confundir si eran de Miguel, de Gilberto o de ambos.

“Entre las pruebas mostramos dos listados unos bajo la letra X y otro bajo la letra X2, donde se comprueba la existencia física de esos códigos”, indicó Enrique Rojas, el fiscal que lleva el caso.

El trabajo de inventario realizado por el contador le permitió establecer que la familia había constituido una red de entre 70 a 75 testaferros.

En su testimonio Romy reveló que era el encargado de coordinar con cada uno de los abogados, la creación de las escrituras abiertas que se les entregaban a los testaferros.

“Elaboraban contratos a nombre de terceros para darle apariencia de legalidad”, explicó el fiscal Rojas, quien aseguró que los capturados conseguían a las personas que servirían de testaferros.

Romy aclaró que nunca tuvo contacto con los testaferros, pero aseguró que la mayoría eran familiares de los Rodríguez.

Gran parte de las propiedades que presuntamente ocultaron los hijos de Gilberto Rodríguez, tenían precios inferiores a su valor comercial. A las personas que fungían como testaferros les daban comisión.

Romy también le contó a la Fiscalía que una cuenta de ahorros a su nombre también fue utilizada para consignar dinero producto de los arrendamientos de los inmuebles ocultos.

Esta cuenta, que se abrió en el entonces banco Conavi, aún existe y así lo confirmó la Fiscalía en lo que hoy se conoce como Bancolombia.

El último día que Romy trabajó con los Rodríguez fue el 14 de agosto de 2007. Según él, “por cuestiones de seguridad y amenazas por parte de la guerrilla”, salió del país rumbo a Estados Unidos.

“El Fiscal está equivocado”

Marc Seitles, abogado de la familia Rodríguez en los Estados Unidos, habló con El País sobre la situación que enfrentan sus defendidos.

“Sólo puedo hablar del acuerdo con la Oficina para el Control al Lavado de Activos, OFAC. Estos documentos son individuales, por eso no se han roto y en este sentido lo que diga el fiscal, Mario Aguarán, es 100% un error”, recalcó Seitles.

“El viernes sacaron de la lista Clinton a Adriana Santacoloma Hoyos y Jorge Alberto Rodríguez Herrera, después de todo lo que pasó en Colombia. Por eso insisto que eso no afecta en ninguna forma a los familiares que no fueron arrestados”, dijo Seitles.

Refiriéndose a la incautación de las más de 100 propiedades en Colombia dijo que “si esas compañías son de una persona individual, depende de los acuerdos. Podemos tener la oportunidad responder a cualquier acusación, antes de decir que es una violación del acuerdo”.

“Sólo la OFAC puede determinar que hubo una violación luego de un proceso”, aseguró el abogado, quien insistió que lo ocurrido en Colombia esto no perjudicaría los acuerdos ya existentes con los dos hermanos sentenciados en Estados Unidos.

Las consecuencias

  • “Desde el punto de vista del derecho interno, los familiares de los Rodríguez pueden ser perseguidos bien por narcotráfico, lavado de activos o testaferrato que pudieran haber cometido Miguel y Gilberto. También, pueden ser pedidos en extradición por los Estados Unidos, si alguno de los supuestos delitos fue cometido en su territorio o en perjuicio este país”, dijo Iván Gonzalez, abogado especialista en derecho penal americano.

  • “No conozco el contenido del acuerdo entre los Rodríguez Orejuela y la Justicia Americana, no sé si hay alguna condición para que los familiares de los Rodríguez puedan sufrir alguna consecuencia, por el hecho que ellos no hayan dado la información completa a las autoridades americanas”, dijo el experto.

  • “En el escenario que se les pueda comprobar el ocultamiento de algunos bienes, no creo que podría predicarse la comisión de un delito en perjuicio de los intereses de los Estados Unidos, porque el ocultamiento de la propiedad en si mismo no afecta esos intereses”, concluyó González.

    A propósito

  • El primogénito

    El 16 de enero del 2006 se entregó en Panamá, William Rodríguez Abadía, el mayor de los hijos de Miguel.

    En mayo del mismo año fue condenado a 21 años de cárcel tras admitir que se hizo cargo de la organización por orden de su padre, y aceptar cooperar con la Fiscalía de Estados Unidos en contra de los ex jefes del Cartel de Cali.

    Luego un tribunal de La Florida confirmó la rebaja de la pena del ex jefe del denominado cartel de Cali de 21 a 5 años de prisión.




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