Estrasburgo
La Unión Europea cierra sus puertas a los ilegales
Resumen de agencias
Cerco. En ciudades como Roma, especialmente en los sitios turísticos, es notoria la presencia de inmigrantes irregulares. Muchos llegan como turistas y se quedan.
Monica Ospina / El País |
| El Europarlamento aprobó duras medidas en contra de los inmigrantes irregulares.
El Parlamento Europeo (PE) aprobó ayer sin cambios la Directiva de Retorno de Inmigrantes Irregulares, acordado por los gobiernos de la Unión, que establece que los “sin papeles” puedan ser retenidos hasta un período de 18 meses mientras se tramita su repatriación.
La Eurocámara, dividida, sacó adelante el texto con 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, gracias al respaldo del Partido Popular Europeo, de los liberales, de la Unión por la Europa de las Naciones, algunos socialistas, una parte de euroescépticos y de diputados no inscritos.
La votación provocó fracturas dentro de los grupos políticos, pues, mientras el grueso de los socialistas europeos se pronunció en contra, los españoles -a excepción de Josep Borrell, Raimon Obiols y Martí Grau- respaldaron el texto, tal y como había hecho el Gobierno. En contra votaron en bloque Los Verdes y la Izquierda Unitaria, críticos de la directiva.
El PE no aceptó ninguna de las enmiendas para suavizar el texto y aproximarlo a la normativa de los países más garantistas, por lo que la directiva es la misma que avalaron los ministros de Justicia el 5 de julio pasado.
La norma comunitaria, que ya tiene el aval de los gobiernos, entrará en vigor dos años después de su publicación oficial, julio del 2010. La directiva dota a la UE de un marco común para gestionar la expulsión de los ilegales (ver nota anexa).
Para la Comisión Europea y para grupos como el Popular, la ley supone un primer paso hacia una política de inmigración común y acaba con la posibilidad de retención indefinida de irregulares que lleguen a países de la Unión.
“Este texto ofrece ciertas garantías comunes (...) y permite que los estados miembros mantengan y establezcan regímenes más protectores”, dijo el comisario europeo de Justicia, Jacques Barrot.
Los representantes del Partido Socialista Obrero Español (Psoe), que junto al resto de socialistas trataron de introducir enmiendas, justificaron su voto favorable en la necesidad “urgente” de adoptar un marco común de inmigración, dijo el eurodiputado Javier Moreno.
Para los críticos, la norma es excesivamente “restrictiva y no ofrece garantías suficientes” sobre el respeto de los derechos de las personas.
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El Gobierno de Bolivia afirmó que estudiará los alcances de la directiva de retorno para ilegales, para ver cómo la enfrentarán legalmente. | | Responde Latinoamérica.
En los países latinoamericanos el rechazo a las medidas contra los ilegales fue rotundo, especialmente en Ecuador, Perú y Bolivia, donde los gobiernos calificaron de “barbaridad y “una vergüenza” la nueva normatividad de la UE.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que con la medida se busca “criminalizar la migración”, al tiempo que propuso crear un frente para rechazar la ley de expulsión.
“Esperamos hacer una respuesta conjunta con los diferentes países de América Latina. Esa Directiva no es la Directiva Retorno sino de la vergüenza. Realmente es una vergüenza lo que ha hecho Europa”, añadió Correa.
El Gobierno de Paraguay planteará en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, que se realizará el 1 de julio en Argentina, un pronunciamiento para rechazarla.
ABC de la directiva
1. País de retorno.
El texto plantea el principio de retorno de todo extranjero ilegal (los demandantes de asilo no están incluidos) hacia su país de origen o hacia uno de tránsito con el que se hayan celebrado acuerdos o a otro país al cual el implicado quiera regresar, siempre y cuando sea admitido.
2. Retorno voluntario.
El irregular debe acordar un plazo de 7 a 30 días para su ‘retorno voluntario’, que puede ser ampliado en función de las circunstancias (niños escolarizados, otros vínculos familiares y sociales).
3. La detención.
Se decide en caso de riesgo de fuga o si el ilegal se niega a ser expulsado.
El texto garantiza a las ONG acceso a los centros de retención, la posibilidad de recurso efectivo contra la decisión de expulsión y el derecho del clandestino a asistencia jurídica, que se dará en las mismas condiciones que se ofrece a los solicitantes de asilo.
4. Duración de la detención.
La duración máxima de retención es de seis meses, pero puede ser prolongada hasta 18 meses en caso de “falta de cooperación” del irregular o retrasos para obtener los documentos necesarios de los países terceros.
Más allá de los 18 meses, cuando la expulsión parezca imposible, el clandestino recupera su libertad.
Actualmente, la duración de la retención es ilimitada en siete países europeos (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Holanda y el Reino Unido). Los países con disposiciones más favorables como Francia (32 días) no están obligados a alinearse.
Sin embargo, no cambiará nada en las legislaciones de Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca, que gozan de exenciones.
5. Prohibición de entrada.
Una expulsión será seguida de una prohibición de entrada de 5 años, incluso más en caso de “amenaza grave” para el orden y la seguridad.
6. Menores y familias.
Los menores no acompañados y la familias con menores son puestos en retención especial. El texto garantiza el acceso a la educación de los menores y pide a los estados miembros de la UE tomar en cuenta “el interés superior del niño”. Pero autoriza la expulsión de menores no acompañados a países en los que no tengan ni tutor ni familia a condición de que haya en ellos “estructuras de recepción adecuadas”.
En sus propias palabras
"No me reconozco en esta Europa que pretende deportar a ocho millones de personas recuperando la figura de la detención administrativa”. Willy Meyer, eurodiputado español de Izquierda Unida.
"La directiva suma un conjunto de condiciones que equipara al migrante con un criminal. Nos preocupa muchÍsimo”. Víctor Peña, director de Asuntos Especiales de la cancillerÍa paraguaya.
Dato clave
Se calcula que en España, por ejemplo, hay entre 6.000 y 10.000 colombianos ilegales. También 20.000 bolivianos y 12.000 ecuatorianos.
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