Lunes
1 de Septiembre de 2014
Cali - Colombia

Home Cali On line Colombia On line Deportes On line Vivir
Especial
Maltrato a militares no es nuevo

Colprensa

Los casos conocidos recientemente de abusos contra soldados, despertaron las alarmas no sólo en la opinión pública sino en el mismo Ejército.
John Mario Franco, un joven que fue convocado para prestar su servicio militar obligatorio por una absurda orden del cabo José Vargas Porras, fue privado de gozar los "placeres de la vida", según las palabras del ex magistrado Daniel Suárez Hernández, miembro de la sección tercera del Consejo de Estado.

En marzo de 1989, mientras Franco cumplía su servicio militar en la zona rural del municipio de Peque, en una misión de contraguerrilla, recibió la orden que cambiaría su vida. Los problemas de fluido eléctrico en la zona fue la excusa perfecta para el cabo Vargas Porras, quien le ordenó al soldado trepar a un poste de luz y conectar irregularmente el fluido eléctrico.

El miedo y la oposición del soldado frente al cumplimiento de la orden no bastaron para que el superior desistiera de dicha medida, por el contrario lo motivaron a amenazarlo con patearle el rostro si no acataba la disposición.

Otro suboficial, el Cabo Julio Omar Córdoba, se sumó a la jerarquía ejercida por Vargas y tras amenazar con una sanción de arresto a Jonh Mario, le aseguró que no corría peligro pues la cuchilla del poste ya había sido bajada. No era cierto, una vez en la cima del poste, una descarga eléctrica arrojó a Franco al suelo de donde fue recogido para ser llevado a la clínica El Rosario del municipio de Frontino (Medellín).

De allí fue trasladado al Hospital Militar de Bogotá donde permaneció recluido varios meses. El parte médico no podía ser menos desalentador, John Mario tenía sus miembros inferiores paralizados y por algún tiempo debería ser intervenido en su vejiga y recto con sondas. Las amplias y profundas úlceras de sus glúteos sanarían con el tiempo.

A pesar de la gravedad de los hechos, de los cuales dan fe los testimonios de sus compañeros, la Nación se opuso a las pretensiones indemnizatorias de los familiares. Estos hechos causaron extrañeza al Consejo de Estado, tribunal al que llegó el caso tras la acción de reparación instaurada por los familiares soldado torturado. En esta oportunidad, el alto tribunal calificó la actitud del sub oficial como una falta del servicio pues las lesiones sufridas por el soldado obedecieron a una orden que calificó de imprudente, absurda, brutal e irreglamentaria, con la cual además del daño causado coartó la libertad del soldado.

La decisión permitió condenar a la Nación (Ministerio de Defensa) a reconocer una suma superior a 22 millones de pesos en favor de John Mario Franco Velásquez, por los perjuicios materiales causados.

La Corte dispuso igualmente el pago de una elevada suma de dinero a favor de los familiares del soldado, afectados moralmente por el daño causado a John Mario.

Ahogamiento

Circunstancias similares tuvo que afrontar Hever Riascos, un infante de marina que murió producto de ahogamiento. Según unos testimonios el deceso obedeció al exceso de entrenamiento. Otros afirman que correspondió a la arbitrariedad de dos superiores quienes lo empujaron a un río y posteriormente impidieron su salida.

Los soldados son sometidos a un entrenamiento intenso de dos meses antes de salir a patrullajes.
Lo cierto es que el 24 de noviembre de 1992 Riascos y un nutrido grupo de soldados, al mando de dos cabos, fueron llevados a realizar entrenamientos. En medio de éstos, se afirma, Riascos fue empujado a un río manteniendo sumergido hasta producir su muerte.

La fragilidad de los testimonios y la dificultad para establecer las causas de la muerte condujeron a establecer que ésta se había producido por actividades propias del entrenamiento militar.

A pesar de esto, el Consejo de Estado pudo establecer que el fallecimiento del infante obedeció al cansancio por el arduo entrenamiento, el cual a pesar de ser evidente, no conmovió a los sub oficiales, quienes continuaron con el ejercicio.

Esta conducta motivó en contra de la Nación el pago de una elevada suma de dinero de la que fueron beneficiados los padres y los hermanos del soldado.

Otros casos

El soldado Oscar Caleño Rodríguez debió ser desvinculado del servicio militar un mes después de haber ingresado por presentar problemas psiquiátricos causados, según se pudo establecer, por los golpes que le propinó uno de sus superiores en la base del cráneo.

Estos maltratos, permitieron que Caleño empezara a hablar incoherencias, además de largos periodos de inmovilidad. El soldado Ferney Rojas, efectivo de una unidad militar del Arauca, fue otro de los afectados por las arbitrariedades de sus superiores.

Según las investigaciones, Rojas fue obligado a dar varias vueltas a la plaza de armas del batallón del que hacía parte con un explosivo de mecha lenta, el cual, en medio del ejercicio, explotó amputándole sus dedos y afectando su rostro.

Álvaro Montoya quien tenía 17 años cuando prestó el servicio militar en 1998 en la base de entrenamiento del Ejército en Tolemaida, dijo haber sido obligado a trotar en sandalias. Ejercicio que lo mantuvo varios días en Hospital Militar, en donde lo atendieron por las lesiones que sufrió.

¿Quién debe juzgar?

Frente a los interrogantes de sí debe ser la justicia panal militar o la justicia ordinaria la encargada de juzgar estos excesos, la Corte Constitucional ha establecido que "las prerrogativas y la investidura que ostentan los miembros de la fuerza pública pierden toda relación con el servicio cuando deliberadamente son utilizadas para cometer delitos comunes, los cuales no dejan de serlo porque el agente se haya aprovechado de su investidura, ya que ellas no equivalen a servicio ni tienen la virtud de mutar el delito común en un acto relacionado con el mismo".

Para el alto tribunal un miembro de la fuerza pública, a pesar de estar en servicio activo, puede ser juzgado por la justicia común cuando cometa un crimen al margen de la misión que le es encomendada.

La Justicia Penal Militar

"No todo lo que se realice como consecuencia material del servicio o con ocasión del mismo puede quedar comprendido dentro del derecho penal militar, pues el comportamiento reprochable debe tener una relación directa y próxima con la función militar o policiva", sostiene el alto tribunal al establecer los límites para la determinación de la jurisdicción encargada del juzgamiento de faltas del servicio o actos propios del mismo.

El concepto de servicio "no puede equivocadamente extenderse a todo aquello que el agente efectivamente realice". La exigencia de que la conducta punible tenga una relación directa con una misión militar o policiva legítima, obedece a la necesidad de preservar la especialidad del derecho penal militar y de evitar que el fuero militar se expanda hasta convertirse en un puro privilegio estamental, puntualiza la Corte.




NUESTROS USUARIOS OPINAN
Opinar  
NOTAS RELACIONADAS
Especial
Entre "coscos”, antiguos y “cuadros”
OTRAS NOTAS DE SECCION
Valle.
Notoria caída en éxodos masivos

Economía
El TLC, en la recta final

Tragedia
Se fue uno de los uribistas de antes

Paz
Dan estatus político a dos jefes del ELN
IMPRIMIR
RECOMIENDE ESTE ARTICULO
RECIBA ESTA SECCION
POR EMAIL
COMENTE SOBRE ESTE ARTICULO
VER OPINIONES DE ESTA SECCION


  Copyright © 2005 www.elpais.com.co
Escríbanos: diario@elpais.com.co | Suscripción Impreso | Aviso legal
Diario El Pais S.A. Cra. 2 No. 24-46 Tel. (572) 8987000 Cali Colombia