Colombia
Demandas acorralan al Estado
Redacción de El País y Colprensa
Afectación. La Fiscalía General de la Nación es una de las entidades que más demandas ha recibido en su contra, según la oficina del Contador General del Estado.
Archivo / El País |
| A septiembre del 2007, los reclamos contra la Nación sumaban $79,6 billones. Es decir, casi dos terceras partes del presupuesto nacional.
En un motivo de preocupación se ha convertido para el Gobierno Nacional la vorágine de demandas multimillonarias que cursan contra el Estado.
Al 30 de septiembre del 2007, los errores militares, despidos injustificados, detenciones arbitrarias y demás litigios laborales, civiles, penales y administrativos, entre otros, le reportaban un saldo en rojo al Estado de $79,6 billones. Es decir, casi tres partes del Presupuesto Nacional asignado para el 2008 ($125,7 billones).
En caso de ser fallados de manera adversa estos miles de procesos, la Nación se vería obligada a pagar dicha suma; y aunque esa cancelación no se daría, tal vez, en el corto ni mediano plazo, sí se afectarían inversiones sociales a las cuales podrían ir parte de esos dineros, tal como lo afirma el contador general de la Nación, Jairo Alberto Cano Pabón.
“Esta suma ($79,6 billones) debe ser entendida como una contingencia, una advertencia para el Estado de que si no procura una defensa judicial adecuada, por supuesto, va a perder las acciones”, advirtió el Contador.
“¿Pero qué hay detrás de esas altas sumas? En este tema podemos afirmar con toda certeza que existieron y quizá aún existan carteles en el país que se dedican a demandar al Estado”, denunció Cano.
“Es más, podemos asegurar que muchos funcionarios se prestan para apoyar a estos carteles y así ganar beneficios particulares. En muchos casos los propios funcionarios son quienes advierten a diferentes abogados sobre los errores y les suministraban toda la información que les permite afectar los recursos fiscales, pero hoy es mucho más difícil que eso se presente”, aseguró Cano Pabón.
De espaldas al problema
Antes del 2002 el Estado colombiano no conocía a cuánto ascendían las sumas que por demandas en su contra, debido a errores de sus funcionarios, debía pagar la Nación. A este oscuro panorama se sumaba la falta de defensa por parte del Estado, o en su defecto, lo tardía de la misma. Esto, en suma, terminaba con condenas multimillonarias contra diversas entidades públicas.
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El Estado ha pagado anualmente, en el último lustro, un promedio de $200.000 millones por diferentes tipos de condenas. | | Pero una demanda fallada en contra del Estado por un billón de pesos fue el detonante para que entidades como la Contaduría General de la Nación y el Ministerio del Interior y de Justicia tomaran cartas en el asunto. Por eso, el pasado 26 de diciembre, suscribieron un convenio para defender al Estado y disminuir ese tipo de litigios.
A pesar de todo, y lo abultado que puedan sonar los $79,6 billones, este no es un problema que le quite el sueño al Contador, ni al ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, quienes esperan que la tendencia en esos casos disminuya sustancialmente, gracias a las medidas que se han implementado.
Esta “moderada tranquilidad” la da el giro dado a las situaciones que suscitaban los altos pagos por parte del Estado.
“Hoy las cosas han cambiado, pues las 3.400 entidades públicas que le rinden información a la Contaduría General tienen cuantificadas sus demandas en cuatro etapas: pretensiones, provisiones, cuentas por pagar por créditos judiciales y pagos respectivos”, dice Cano.
Esto lo que permite inicialmente es que el Estado empiece a conocer la situación de las demandas que cursan en su contra, por lo que ya la Nación empezó a defenderse y empezó a ganar demandas.
Eso es precisamente lo que hace que tanto Cano como Holguín estén confiados acerca de las nuevas estrategias trazadas para aminorar los efectos de las demandas. Por eso, dice Cano, “muchos dineros ni siquiera tendrán que ser cancelados porque gracias a la defensa del Estado, no se perderán”.
La confianza con la que al respecto habla Cano Pabón está sustentada en la gran disminución que se ha venido dando en el escenario fiscal y de pagos. “Entre las relaciones entre el Estado y los ciudadanos se pueden dar hechos que originan las demandas, pero eso no implica que el Estado deba perderlas todas y menos cuando todas las entidades oficiales, haciendo caso a la política judicial deben colocar su granito de arena”, añade Cano.
Dato clave
Muchas demandas contra el Estado no son presentadas en Colombia sino ante tribunales internacionales para garantizar un mayor desembolso de recursos.
Los mecanismos de defensa
Desde el año pasado, las entidades públicas que sean demandadas
están en la obligación de reportar ante la Dirección de Defensa Judicial del Ministerio de Justicia, cómo se encuentran los procesos y qué provisiones mantiene para sortearlos.
Los primeros reportes deberán entregarse este 15 de febrero. En ellos se darán a conocer las cifras relacionadas con pretensiones, provisiones, cuentas por pagar y pagos. También la clase de demanda, en qué estado está y qué posibilidad tiene la Nación de ganar. En caso de ser adverso el resultado, esto permite motivar conciliaciones.
La meta fijada por la Contaduría General a dos meses, es organizar la contabilidad de las entidades estatales para saber quién demanda, por qué lo hace y cuánto se pretende.
De esta manera, el Ministerio del Interior y de Justicia adoptará las medidas administrativas y de defensa judicial del Estado que eviten, o por lo menos, disminuyan dichos costos.
Las más demandadas
La entidad que más demandas tiene, según el Contador General de la Nación, es el Ministerio de Defensa por $11,3 billones. Le sigue el Ministerio de Minas y Energía, con $5,4 billones; la Fiscalía General, con $4,5 billones, y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, con $4,4 billones.
Las que más pagaron
La lista de las entidades que más pagos han efectuado la encabeza Cajanal –en liquidación-, con $111.000 millones; la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, con $68.000 millones, y la ESE Luis Carlos Galán, con $2.000 millones, entre otras, cuyos totales superan, de lejos, los $209.000 millones.
Las demandas por pagar
De acuerdo con los reportes entregados a la Contaduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa, con $90.000 millones; la Fiscalía General de la Nación, con $33.000 millones, y el Invías, con $30.000 millones, son las entidades que encabezan la lista de entidades que más dinero deberían pagar, en caso de perder los pleitos judiciales iniciados por personas naturales y jurídicas, afectadas por el proceder de éstas.
Le siguen: la ETB, el Inco, el departamento de Cundinamarca, Medellín, el BCH -en liquidación-, Cartagena y Barranquilla, entre otras. Los montos por pagar, a septiembre del año pasado, superaban los $336.000 millones.
En sus propias palabras
"Antes el Estado colombiano ni siquiera sabía quién demandaba, por qué lo hacía, ni cuáles eran las pretensiones que se buscaban”. Jairo A. Cano, contador de la Nación.
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