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Jueves 10 de agosto de 2006
Judicial
Comité de la ONU puso a tambalear el 8.000

Redacción de El Pais - Bogotá

Manuel Francisco Becerra interpuso la demanda ante el tribunal de la ONU el 11 de abril del año 2003.
Foto | El País
El Comité de derechos humanos, le dio plazo de 90 días a la justicia colombiana para que adopte los correctivos del caso. Peligra lo actuado en el Proceso 8.000. Becerra Barney fue condenado a siete años de cárcel por enriquecimiento ilícito.

Habla Manuel Becerra

Un ‘boquete’ de consecuencias jurídicas impredecibles para las investigaciones que se adelantaron hace más de una década por el llamado Proceso 8.000, abrió el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que Colombia es Estado Parte.

Según el ‘dictamen’, fechado el 11 de julio pasado, al ex contralor General de la República, al ex ministro de Educación y ex gobernador del Valle, Manuel Francisco Becerra Barney, se le violó “el derecho al debido proceso y a un juicio justo”.

Becerra fue condenado el 22 de agosto de 1997 a 5 años y diez meses de prisión y a pagar una multa de $300 millones de la época, por un Juzgado Regional de Cali –antiguos jueces sin rostro–, por el delito de enriquecimiento ilícito a favor de terceros, es decir la campaña presidencial del entonces candidato Ernesto Samper Pizano.

El ex Contralor apeló la decisión argumentando que el juicio se celebró a puerta cerrada en Cali, y él estaba detenido en Bogotá; el principal testigo en su contra fue Guilermo Pallomari, ex contador del cartel de Cali, a quien nunca pudo confrontar; no tuvo defensor en todas las etapas de la instrucción, y la identidad del juez siempre se mantuvo en secreto.

Pero el Tribunal Nacional no solo desestimó sus argumentos sino que le aumentó la pena a siete años de prisión.

Al admitir la demanda y revisar la documentación y los argumentos del Estado Colombiano, el Comité de la ONU concluyó que “existió una violación del derecho del autor –Becerra Barney– a un juicio justo” de conformidad con el Artículo 14 del Pacto (ver recuadro).

Además, dice que Colombia como Estado Parte “está obligado a proporcionar al autor un recurso efectivo y una compensación adecuada” y le fija un plazo de 90 días para que dé a conocer “información acerca de las medidas adoptadas para llevar a la práctica el dictamen del comité” y lo insta a que lo publique.

Las implicaciones. Para el abogado penalista Antonio José Cancino, ex defensor de Samper en el Proceso 8.000, el dictamen implica la anulación de la sentencia contra Becerra.

“Jurídicamente (el ex Contralor) quedaría absuelto porque ya no es época de tomar ‘recursos efectivos’, es decir el proceso ya está prescrito en Colombia. Entonces la sentencia condenatoria quedaría sin valor”.

Aunque el jurista aclara que este fallo sólo opera para este caso particular, dice que la decisión “es bárbara”.

“Lo que está diciendo es que no tienen ningún valor las sentencias que se tomaron con el indebido proceso de los jueces sin rostro. Entonces la sentencia del Comité no tendría ningún valor real porque el proceso ya prescribió en nuestro país”.

El dato clave
Para el catedrático Ricardo Abello el problema es la efectividad de esta sanción pues no hay mayores dientes para que se aplique. Según dijo, ello depende o queda sujeto a la buena fe del Estado, para cumplir el fallo.
A su turno el catedrático Ricardo Abello, experto en Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, explica que el dictamen demuestra “incongruencia” entre las normas procesales que se aplicaron en su momento y la legislación internacional.

“Lo que se busca es que se le pueda garantizar el debido proceso bajo parámetros judiciales acordes con el derecho internacional, porque lo adelantado fue irregular”, sostiene.

Para el catedrático, esta decisión constituye una sanción política a Colombia como Estado Parte del Pacto, por violación a un Tratado Internacional.

El Artículo 14 del Pacto

Según el acuerdo, Colombia está obligada a cumplir con las sentencias que emita el tribunal internacional.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que entró en vigor el 23 de marzo de 1976, establece en su Artículo 14:

“Observación general sobre su aplicación:

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho a garantías mínimas de igualdad: de la acusación formulada; preparación de su defensa; elegir un defensor; a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o a través de su defensor; a interrogar a los testigos y a que comparezcan.





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