Google
Domingo 02 de agosto de 2009
Cali
¿Quién controla a los órganos de control?

Redacción de El País

Vigilancia. La Personería Municipal, encargada del control disciplinario de los funcionarios ha abierto alrededor de 600 procesos y sólo ha proferido 16 fallos, tres de ellos sancionatorios y 13 absolutorios.
Foto: Jorge Orozco / El País
La labor de la Contraloría y la Personería de Cali parece estar condicionada por intereses políticos.

“Entre bomberos no nos pisamos la manguera”. Esa parece ser la máxima que rige la relación entre los organismos de control del Municipio y la Alcaldía de Cali.

Así lo muestran los resultados del control fiscal que ejerce la contralora Alma Carmenza Erazo y del control disciplinario ejercido por el personero Manuel Torres, frente a la administración del alcalde Jorge Iván Ospina.

Pese a todos los cuestionamientos, en materia de inversión y ejecución de contratos, incluso, a pesar de la liquidación de Emsirva, ni la Contraloría ni la Personería han hallado responsables ni mérito alguno para aplicar sanciones.

Y es que, en el caso de la Contraloría, de 38 procesos fiscales emprendidos entre el 2008 y este año, 37 fueron cerrados y archivados porque no se encontró mérito para sancionar a los procesados. Sólo un proceso fue fallado en primera instancia, e involucra a dos ex directores del Dagma y otro funcionario, por un contrato de consultoría celebrado en el año 2000.

Curiosamente, este mismo fallo absuelve al ex director del Dagma, Julián Sepúlveda, quien fue el responsable de la celebración del contrato investigado y por el que sí se condenó fiscalmente a otros dos ex directores: Sergio Villamizar y Ángela María Salazar.

A la fecha, la Contraloría registra 24 auditorías realizadas en el 2009, de las cuales 7 se hicieron en el sector salud, 6 en la Administración Central, 5 en el sector físico (Metrocali, Infraestructura Vial), 3 en el área de Recursos Naturales, 2 en Educación y 1 en Emcali.

Este precario trabajo se realizó con un tren de 200 empleados, 63 de ellos de primer nivel, y un presupuesto de $11.800 millones que tiene la Contraloría caleña, el 95% del mismo para funcionamiento.

Con esos resultados, lo que muchos se preguntan es quién controla a la Contraloría, quién le pide cuentas al organismo encargado de fiscalizar el manejo que se le da a los dineros del Municipio. En principio, sería el Concejo el llamado a pedirles cuentas de su gestión a la Contraloría y la Personería, toda vez que allí se eligen los funcionarios responsables de estas dependencias.

Pero un mismo concejal señaló a este diario que ese control suele diluirse por los intereses políticos que hay detrás, ya que reconoce que los concejales tienen cuotas burocráticas e intereses de otra índole, tanto en la Administración Central como en los entes de control.

El juego político

De hecho, entre el Ejecutivo y los organismos de control hay un juego de intercambios políticos y burocráticos que buscan mantener la clientela y la cuota de poder de cada líder político en el Gobierno. El Gabinete Municipal se cuadra también con el gabinete de la Contraloría y el de la Personería, ya que los partidos y los jefes políticos de unos y otros funcionarios finalmente son los mismos.

En el caso de Cali, la mayoría de los concejales tienen cuotas en la Contraloría, exceptuando a Wilson Arias, del Polo Democrático; Clara Luz Roldán, de la U y los conservadores Rodrigo Guerrero y Nelson Garcés. El que más funcionarios de primer nivel tiene en la Contraloría (5 de 18) es José Luis Pérez, quien jalonó la coalición que eligió a Alma Carmenza Erazo.

Entre tanto, el jefe político de la contralora es el ex senador Juan Carlos Martínez, quien a su vez tiene tres fichas claves en el gabinete del alcalde Jorge Iván Ospina: la secretaria de Gobierno, Eliana Salamanca; el secretario de Deportes, Diego Cardona Campo, quien, a su vez, es primo del gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, socio político del ex senador Martínez. También es cuota del ex congresista la subsecretaría de Infraestructura Vial y Valorización, en cabeza del ingeniero Néstor Martínez, una dependencia clave en el diseño y programación de las 21 megaobras que proyecta hacer la Administración Municipal.

En consecuencia, con intereses políticos tan arraigados del ex senador Martínez, tanto en la Administración Municipal como en la Contraloría que es la encargada de vigilar fiscalmente esa administración, es difícil suponer que pueda haber un control fiscal imparcial.

De hecho, el concejal Wilson Arias señaló en su momento que “la independencia debe ser la principal característica de estos funcionarios para ejercer un buen control y superar las dificultades de la ciudad. En principio, no comparto la escogencia de un aspirante que tenga acuerdos políticos con partidos que hoy son parte de la Administración Municipal”, aseveró.

El Concejo debe pedirle cuentas a los órganos de control, pero tiene en ellos una clientela burocrática e influye para manejar investigaciones en el gobierno; lo cual no le permite ser imparcial.
Haciéndose ‘pasito’

En la Contraloría hay quienes afirman que es el jefe político quien termina señalando qué hace y hasta dónde puede llegar el ente de control en su ejercicio fiscalizador.

Una fuente política observó que esa es la razón por lo cual la Contraloría no ha investigado asuntos que tocan con las dependencias adscritas a Convergencia Ciudadana, el partido del ex senador Martínez, en el Municipio. Por ejemplo, la Contraloría de Cali no se ha pronunciado decididamente sobre el retraso en el mantenimiento de la malla vial y los posibles sobrecostos en la ejecución de la Avenida 3N del MÍO.

Tampoco ha abordado los manejos contractuales de recursos de la Secretaría de Gobierno para la seguridad en Cali, los líos contractuales en la Secretaría del Deporte, que también es responsable de la pérdida inicial de la sede en Cali para el mundial de fútbol sub 20. Y de los retrasos contractuales durante varios meses de las ciclovías. Incluso, la Contraloría no se ha pronunciado a fondo con relación a la liquidación de Emsirva.

En criterio de algunos concejales, este organismos de control tampoco ha sido contundente con el polémico tema de los desayunos escolares, la nómina paralela del tránsito y el fracaso del censo de taxis que hizo un ex secretario, cuyo jefe político también tiene ‘gabinete’ en la Contraloría caleña.

La fuente señaló que, incluso, el ex secretario general de la Alcaldía Pedro Luis Barco tuvo que ser sancionado por la Procuraduría General porque los órganos locales de control no lo hicieron, en el caso de un contrato de publicidad por $460 millones celebrado el 4 de abril del 2008 con Guillermo Lombana, el cual habría sido adjudicado a dedo, sin licitación pública.

Pese a lo anterior, a la contralora Erazo se le reconoce que en la rendición de cuentas que hizo en abril pasado ante el Concejo, habló de un proceso sancionatorio contra el alcalde Jorge Iván Ospina, porque el Municipio no presentó a tiempo el informe de gestión, en los primeros días de enero. Incluso el Alcalde pidió plazo para hacerlo y tampoco cumplió. Este proceso no se sabe en qué va.

Por el lado del personero Manuel Torres, se dice que aunque su jefe es el representante Jorge Homero Giraldo, el alcalde Jorge Iván Ospina tendría gran injerencia en sus decisiones, al igual que el empresario del chance Roberto Ortiz, quien fue su socio empresarial y aspira a llegar a la Cámara el próximo año.

El Personero asegura que en su gestión se ha rescatado el tema de la vigilancia disciplinaria a los servidores públicos, porque se ha avanzado en cerca de 600 investigaciones, de las cuales hay 16 fallos: 13 absolutorios y 3 sancionatorios.

“Retomamos el tema de los derechos humanos con una oficina atenta las 24 horas y visitas a hospitales, cárceles y garantizando la defensa de los derechos humanos de la gente”.

Con todo, los resultados de control fiscal y disciplinario de Contraloría y Personería están por debajo de las expectativas, en una administración donde los servidores públicos no siempre cumplen con su función y hay dudas en el manejo de algunos contratos y dineros.

Una elección demandada

La contralora Alma Carmenza Erazo fue elegida por el Concejo con 13 votos a favor de 21 posibles. Para algunos, como los concejales Rodrigo Guerrero y Nelson Garcés, la funcionaria estaría inhabilitada para ejercer el cargo, toda vez que venía de ser contralora del Departamento el año inmediatamente anterior. Por esta elección se instauraron dos demandas ante el Tribunal Contencioso Administrativo, cuyas medidas cautelares de separación del cargo de la contralora, han sido negadas por el Consejo de Estado.

“Yo fui legítimamente ternada por el Tribunal Superior de Cali y al igual que los otros contendores estoy plenamente habilitada para ejercer este cargo”, expresó Alma Carmenza Erazo.

Control cercano al Alcalde

El personero Manuel Torres fue elegido por 17 votos a favor, en una coalición que habría sido impulsada por la Administración Municipal.

En principio, Torres aspiró al Concejo por el partido Liberal, pero no fue elegido y luego estuvo candidatizado para una secretaría de la administración de Ospina. Finalmente, logró llegar a la Personería con apoyo del congresista Jorge Homero Giraldo, su jefe político, y del empresario Roberto Ortiz, su socio en el negocio de las apuestas.

“Yo soy independiente del Gobierno y lo he demostrado, no he sentido presión o algo similar. No creo que el Alcalde haya empujado mi elección, entiendo que él tenía tres concejales amigos y a mí me eligieron 17, pero no creo que el Alcalde haya inducido eso”, dijo Torres.

Balance de Contraloría

  • Según el informe de gestión, la Contraloría tramitó y resolvió en segunda instancia 52 asuntos relacionados con el establecimiento de responsabilidad fiscal.

  • Se recibieron 200 derechos de petición y 172 quejas ciudadanas, se realizaron 130 notificaciones y 23 publicaciones de fallos de actuaciones administrativas de la Contraloría.

  • Se tramitaron 79 procesos contra la Contraloría, 21 de los cuales fueron ejecutoriados y 58 avanzan. Se evitó el pago de $514 millones, pero se condenó a pagar sumas superiores por separación indebida de funcionarios.

    Balance de Personería

  • En su balance de gestión, la Personería Municipal indicó que a través del Grupo de Atención Oportuna, ‘Grato’, atendió a 3.142 usuarios.

  • Por derechos vulnerados 1.199 personas remitieron sus quejas en referencia a los servicios públicos.

  • Se realizaron 244 audiencias. Y en defensa y promoción de los derechos humanos se brindó atención a 2289 desplazados.

  • Se acompañaron 38 operativos y algunos conflictos de orden público y marchas.

  • El presupuesto de la Personería es de $7.800 millones, tiene, 103 servidores públicos y 20 contratistas.



    NUESTROS USUARIOS OPINAN
    Opinar  
    Entrar Chat
    Los mensajes listados a continuación corresponden a los lectores.
    Elpais.com.co no se hace responsable por el contenido de los mismos.
  • OTRAS NOTAS DE SECCION
    IMPRIMIR
    RECOMIENDE ESTE ARTICULO
    RECIBA ESTA SECCION
    POR EMAIL
    COMENTE SOBRE ESTE ARTICULO
    VER OPINIONES DE ESTA SECCION


      Copyright © 2005 www.elpais.com.co
    Escríbanos: diario@elpais.com.co | Suscripción Impreso | Aviso legal
    Diario El Pais S.A. Cra. 2 No. 24-46 Tel. (572) 8987000 Cali Colombia