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Lunes 1 de Septiembre de 2014

Cali

Controversia rodea millonario contrato de seguridad en Emcali





El servicio de vigilancia de Emcali no sólo incluye su edificio principal, la torre B del CAM, sino todas sus plantas, para un total de 700 cargos entre guardas y otro personal.
Emcali dice que tras la adjudicación del negocio de vigilancia, que vale más de $27.000 millones, no hubo maniobras oscuras para favorecer a un proponente.

Que una licitación pública, en este caso el contrato más jugoso del ramo de la seguridad privada en el sur occidente del país, sea cuestionada por los proponentes que no salieron favorecidos, es una cuestión recurrente en este tipo de procesos.

Lo que sí no es normal es que entre cuatro de las cinco empresas que compitieron para ganar dicho negocio, cuyas propuestas fueron descalificadas por Emcali, enviaran más de 30 peticiones de aclaración y hasta pusieran una tutela, pues sentían que no estaba garantizada la transparencia del proceso.

Fue tal la incertidumbre de los proponentes frente a los actos de Emcali que le pidieron a Luis Felipe Murgueitio, Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, máximo ente regulador de dicho sector, que interviniera. Tras conocer el caso y en una carta la Supervigilancia cuestionó varios aspectos del proceso contractual.

El ruido que generó el controvertido proceso se extendió a otras entidades del Estado e, incluso, llegó a oídos del Zar Anticorrupción, Óscar Ortiz González, quien consideró “ilegal” un punto del proceso licitatorio y así lo consignó por escrito ante Susana Correa, la agente interventora de Emcali.

Esta funcionaria rechazó en su momento las dudas manifestadas por proponentes y autoridades, que incluyen oficios de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, y en defensa del negocio presentó una compleja argumentación jurídica que, sin embargo, no dejó tranquilo al gremio de la seguridad privada.

Por eso varios proponentes dieron poder al abogado Carlos Soto quien demandó la nulidad de la licitación y la restitución de algunos derechos ante el Tribunal Contencioso del Valle. Proceso que está en trámite.

El origen del mal

Aunque la licitación fue abierta oficialmente el martes 5 de enero, la controversia sólo se prendió hasta el jueves 14 de enero, cuando la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad y Vigilancia Privada, Andevip, capítulo Valle, cuyo presidente es Mario Arellano, manifestó a través de una carta su inconformidad con la licitación 800-GA-SPO-0002-2010 cuyo objeto era contratar el servicio de vigilancia para los cuatro componentes de Emcali por un plazo de dos años.

El ganador de la licitación recibiría $27.773.626.091 millones y las compañías que quisieran presentar oferta debían manifestarlo por escrito en los siguientes cinco días hábiles.

Los críticos del proceso se preguntan por qué, si desde hace más de 15 años Emcali venía contratando a una empresa para cada uno de sus componentes: energía, telecomunicaciones, administración y agua y alcantarillado, en esta ocasión decidió contratar toda la seguridad con una misma compañía, lo cual puede generar cierta dependencia o debilidad de la empresa de servicios públicos de Cali, ante alguna dificultad del contratista.

Susana Correa, la agente interventora, le dijo a este diario que “gracias a una auditoría externa pudimos determinar que el contrato de seguridad anterior, con cuatro compañías, estaba sobredimensionado, así que con esta nueva negociación nos ahorramos el 30% del valor anterior, unos $14.000 millones y mejoramos el servicio que se nos presta”.

Según la funcionaria, la auditoría se contrató porque “teníamos muchos inconvenientes ya que las cuatro empresas que nos estaban manejando la seguridad no les pagaban a tiempo a sus empleados y esos problemas afectaban a Emcali”.

Otro de los puntos que también se cuestiona es el anticipo del 10% del valor del contrato que Emcali ofrece a su nuevo contratista, “llama la atención pues esto jamás había sucedido ya que este tipo de servicio, intensivo en mano obra, no genera una inversión importante en activos e infraestructura”, señaló Andevip.

Y aunque dicha condición afecta el flujo de caja de Emcali en aproximadamente $2.700 millones, Correa explica que “el anticipo, una figura prevista en la Ley, se otorgó pensando en el poco tiempo que tendría el nuevo contratista para iniciar labores, menos de una semana entre la adjudicación y la ejecución, y a la magnitud del compromiso, unos 700 cargos entre vigilantes y otro personal”.

Adicionalmente, en los pliegos se exigió y tenían calificación, aspectos como los certificados de la red nacional de explosivos e incendios de la Fiscalía de Bucaramanga; del frente de seguridad de la Dijín en Bogotá; afiliación al programa Fenalco Solidario en Medellín y a Transparencia por Colombia. Algo que desconcertó a los proponentes pues no aplica para la región donde se presta el servicio.

Según ellos, las directivas de Emcali cambiaron el valor del pliego de condiciones, pasando de $3.100.000 a $13.886.813. Otra de las quejas señala que la urna donde fueron depositadas las propuestas sólo fue cerrada con una llave, cuando en el pliego dice que además de ser cerrada con llave deberán ponerse sellos.

Sobre el cambio de valor la agente interventora dijo que “se ampara en una resolución, con fecha del 30 de diciembre del 2009, por la cual modificamos la forma de cuantificar el valor de venta de los pliegos y creamos una categorización, pero al publicar el prepliego en enero, salió con el anterior valor, un error que subsanamos en el camino”.

Sobre por qué no se pusieron sellos en la urna Correa no dio ninguna explicación, sólo recordó que para la apertura de la misma se invitó a miembros de la Contraloría de Cali como garantes.

Aumenta la polémica

Pero el punto más cuestionado de esta licitación tiene que ver con la inclusión en el pliego de un condicionante según el cual, las empresas interesadas no podían tener en su contabilidad las armas como un activo pues serían descalificadas.

Algo que para el Supervigilancia, Luis Felipe Murgueitio, es a todas luces improcedente pues “lo que está vigente de acuerdo con el Plan Único de Cuentas, PUC, norma que rige la manera cómo deben llevar la contabilidad las empresas comerciales, como las de vigilancia, es que las armas deben ir en el activo bajo la cuenta Propiedad, Planta y Equipos”.

Al respecto la agente interventora responde que “si bien existe controversia por el tema de donde deben contabilizarse las armas, si en Propiedad, Planta y Equipos o en el Intangible, nosotros amparados en la Constitución, norma de normas, comprendemos que las armas son monopolio del Estado y los particulares obtienen un permiso de uso, por lo tanto no pueden ir en dicha cuenta”.

Además, señala Correa, “los proponentes descalificados no sólo no cumplían con esa condición, sino con otras como se puede apreciar en la evaluación técnica, jurídica y financiera, así que no existe tal condición excluyente”.

Murgueitio, quien se encontraba en Cali el viernes pasado y fue enterado por El País de las respuestas que daban desde Emcali, amplió sus reparos. “Emcali debe saber que de las 900 empresas que hay en Colombia que prestan servicios de seguridad privada, sólo 50 tienen las armas en el activo intangible, por tal razón y como esto es violatorio de la Ley, el pasado 24 de mayo enviamos una comunicación ordenando que se rijan por el PUC, so pena de sanciones”, aclaró el Supervigilancia.

El ganador del contrato de seguridad de Emcali, la unión temporal Guardianes-Starcoop, fue el único proponente que superó la calificación y coincidencialmente es una de las 50 que tiene sus armas ubicadas como un activo intangible en sus balances, tal como lo pedía el pliego de condiciones.

Durante la investigación ninguna fuente pudo explicar por qué Emcali casó dos peleas con el Zar Anticorrupción y la Supervigilancia, pues las respuestas a sus requerimientos son muy agresivas (leer en nuestra página web) e incluso piden a la Fiscalía y la Procuraduría que los investiguen.

El guarda que manejaba el ascensor interno de Emcali el viernes pasado en el turno de la mañana y quien trabaja hace cuatro años allí, confesó a un periodista de El País que desde hace dos meses, cuando fue contratado por la unión temporal Guardianes-Starcoop, le bajaron el salario y, por ende, sus prestaciones.

Al parecer esta es una práctica que vendría implementando dicha compañía a través de una cooperativa con la cual contrata a los vigilantes por un valor inferior al que recibe de la empresa contratante, en este caso Emcali.

La Supervigilancia investiga si dichas prácticas están relacionadas con las actividades de Funveedsocial, fundación que al parecer hace lobby ante distintas entidades públicas para que incluyan en sus licitaciones de seguridad, la condición de tener las armas como un activo intangible.

Si las empresas de seguridad de todo el país acatan lo ordenado por la Supervigilancia el pasado 24 de mayo, tanto Guardianes como Starcoop, que ganaron el contrato de Emcali, tendrán que modificar su contabilidad, dejando sin sentido la polémica condición que puso la empresa de servicios públicos de Cali en su licitación y pero con las peleas casadas.

Datos claves

Existe una controversia ya que las armas son monopolio estatal así que son de su propiedad, pero según el Plan Único de Cuentas, PUC deben ir en el activo.

La tesis de los abogados de Emcali es que el PUC va en contra de la Constitución y por tal razón estaría derrogado tacitamente y no debería aplicarse.

Funveedsocial estaría denunciando ante la Fiscalía a las empresas de seguridad que se presentan a licitaciones públicas con las armas en los activos.

En pocas palabras

“Cuál es el beneficio que obtiene Emcali al incluir en el pliego una condición ilegal y excluyente, que podría ser causal de nulidad de todo el proceso”. Óscar Ortiz González, zar Anticorrupción.

“Tras las quejas lo que hay es molestia de los dueños de algunas empresas de seguridad a los que conozco, pero no dirijo Emcali para favorecerlos”. Susana Correa, agente Interventora de Emcali




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