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Martes 29 de Julio de 2014

Informe especial
Potrero Grande, a la sombra de "Chupeta"

Unidad investigativa


El País revela la historia oculta tras la compra, por parte del municipio de Cali, de un lote que fue propiedad del reconocido capo de la mafia hoy preso en Brasil.

Un rumor corre desde hace meses por entre las polvorientas calles de Potrero Grande, el nuevo barrio del oriente caleño a orillas del río Cauca: “nos van a quitar las casas porque las construyeron en la tierra de un mafioso”.

El chisme sobre el verdadero dueño del lote, que hoy inquieta a los antiguos habitantes del jarrillón reubicados allí, no es una novedad. Ese rumor circulaba por la ciudad desde la década pasada, cuando en distintas ocasiones el lote de Potrero Grande fue ofrecido a la Secretaría de Vivienda de Cali como la supuesta mejor opción para construir vivienda de interés social.

Por ese ‘run run’ que en su momento nadie precisó, secretarios de vivienda del Municipio como Gonzalo Alfonso Marín Castaño, en 1997, y Miguel Cuadros Guzmán, en 1999, se abstuvieron de comprar el terreno.

La precaución de estos funcionarios no fue en vano, pues el pasado 14 de abril el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, capturó a Carlos Adolfo Parra Smith, quien figura como el último propietario del bien antes de que lo comprara el municipio de Cali.

A este hombre la Fiscalía lo acusa del presunto “delito de lavado de activos agravado al ofrecer en venta el terreno denominado Potrero Grande, lote investigado desde 1996 por nexos con el narcotráfico”.

Voceros de la Fiscalía dijeron a El País que esos presuntos nexos del terreno y sus dueños con la mafia, comenzaron en 1993 cuando la Constructora Santiago de Cali Limitada, cuya representante legal era Carmen Esneda García de Ramírez, familiar de Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, el confeso narcotraficante capturado en Brasil el año anterior, se hizo con la propiedad de la finca Potrero Grande.

Con esta acción judicial, el rumor que por años rondó esa tierra al borde del Cauca, empezó a confirmarse.

Historia oficial

En enero del 2004 el alcalde de la época, Apolinar Salcedo, nombra como jefe de la cartera de vivienda al arquitecto Carlos Humberto Marín López, quien pese a las dudas, adquirió la propiedad.

Según explicó Marín en la entrevista que acompaña este informe, “el terreno se compró para dar solución al déficit de vivienda que arrastraba Cali, el cual fue calculado para el 2004 en unas 80.000 unidades”.

Al año siguiente, la alerta por el deterioro del jarillón del río Cauca exigió del gobierno acciones que mitigaran el riesgo de las familias que lo habitaban irregularmente.

Ante la amenaza de una emergencia por la ola invernal, se concretó un proyecto de vivienda bautizado como Potrero Grande. En la colecta para financiarlo el Gobierno Nacional puso $15.000 millones, la Alcaldía de Cali aportó el terreno, que le había costado $16.377 millones, y la Gobernación del Valle dio $3.500 millones.

Dos años después de la compra, el 21 de marzo de 2007, el presidente Álvaro Uribe, el gobernador Angelino Garzón, el alcalde Apolinar Salcedo y el ministro de Ambiente y Vivienda Juan Lozano, visitaron sin saberlo el terreno que había sido de ‘Chupeta’.

Ese día, la destacada comitiva entregó las primeras 1.756 soluciones de vivienda, para igual número de familias, de las 4.800 casas que conforman el total del proyecto. Convirtiéndose en el más importante desarrollo habitacional de los últimos años en Cali.

Negocio redondo

El País tuvo acceso, mediante derecho de petición de información, a las carpetas oficiales que guardan la historia detallada de cómo se hizo la compra.

Pese a que la información está dispersa, lo primero que se observa es que la adquisición de lotes para desarrollar vivienda de interés social fue una política impulsada por el alcalde Salcedo.

Marín y su equipo de trabajo en el Fondo Especial de Vivienda, un área de la Secretaría que se encarga de ejecutar las compras, estudiaron varios lotes en distintos sectores del perímetro urbano de Cali.

Además de Potrero Grande, otros lotes como Santa Elena, Santa Marta de los Caballeros, Nápoles, Lourdes y Mirador del Country se proyectaron para ser adquiridos. Dos de esos negocios, el de Santa Elena y Potrero Grande, han terminado en escándalos y son materia de investigación por los organismos de control.

Como no existía un manual de compras, Marín estableció un sistema que explicó así:

“El dueño del lote debía presentar un avalúo del terreno, realizado por una entidad adscrita a la Lonja de Propiedad Raíz de Cali. Camacol lo hizo para Potrero Grande y definió en $29.500 el valor del metro cuadrado en ese sector, aunque nosotros pagamos $29.000”.

La Secretaría de Vivienda consultaba con Emcali la disponibilidad para extender las redes de servicios públicos. Que para el lote en cuestión tuvieron concepto favorable, menos la telefónica.

Para el estudio de los títulos de propiedad Marín contrató a la abogada externa Melba Montoya. Su misión era establecer que la tradición de propiedad de los lotes que fuera a comprar el Municipio, no tuviera enredos o problemas jurídicos. En palabras de Marín, “que estuvieran sanos”.

El concepto emitido por la abogada Montoya para Potrero Grande fue favorable y estaba supeditado al cumplimiento de un procedimiento que, en resumen, es “la presentación por parte del vendedor, cinco días antes de la compra, del paz y salvo por todo concepto”. El País contacto a la abogada con quien se concertó una cita para el viernes pasado, sin embargo al final la canceló.

Marín también solicitó a la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio de la Fiscalía la certificación de que el predio no era investigado ni tenía embargos o medidas cautelares en su contra.

En respuesta María Cristina Chirolla, jefe de la unidad, explica en un oficio fechado el 20 de septiembre de 2004 que, “consultadas las diferentes bases de datos con que se cuenta a la fecha, no se ha adelantado investigación penal ni trámite de extición de dominio que afecte al inmueble Potrero Grande. Cabe anotar que los datos suministrados corresponden sólo a los que figuran en esta Unidad de Fiscalía”.

Lo que al parecer nadie le advirtió a Marín, ni la abogada Montoya en su estudio, ni la fiscal Chirolla en su oficio, fue que quienes figuraban como dueños del lote eran testaferros de Chupeta. Y que los líos judiciales del bien habían comenzado el 2 de octubre de 1996, cuando la Fiscalía Seccional de Cali lo ocupó, tal como lo informa en un oficio a la Cámara de Comercio de la ciudad.

De igual manera, la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima, Despacho Ocho Unaim de la Fiscalía, había ordenado la entrega definitiva al Estado de la sociedad Constructora Santiago de Cali Limitada y todos sus bienes, el 25 de septiembre de 2001.

Ambos documentos reposan en el archivo de la Cámara de Comercio de Cali, que es de consulta pública, y a los reporteros de El País no les tomó mas de dos horas conseguirlos.

La sombra del capo

Todos los dueños de Potrero Grande desde que lo compró la Constructora Santiago de Cali Ltda. en 1993, han sido vinculados con Ramírez Abadía. Tanto Carlos Adolfo Parra Smith, preso en Villahermosa, como Álvaro Barrera Marín, quien tiene medida de aseguramiento y aún no ha sido capturado. El País conoció que otras dos personas, Carlos Eduardo Londoño y un señor de apellido Caicedo, están cobijados por la misma medida.

Al destaparse el escándalo sobre el lote donde hoy está construido el más importante desarrollo de vivienda de Cali, la Fiscalía deberá determinar la responsabilidad de Marín, la abogada Montoya, los miembros del Fondo Especial de Vivienda de Cali y todos los involucrados en este negocio, incluyendo al ex alcalde Apolinar Salcedo.




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