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Domingo 11 de febrero de 2007

Corrupción
Así fue el robo a la educación



El programa de ampliación de cobertura fue creado por el Gobierno para permitir el acceso al sistema escolar de niños de estratos 1 y 2 que no alcanzaban cupo en las instituciones oficiales. Foto: El País
Según el Fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema, el ilícito fue perpetrado por una bien montada empresa criminal. De acuerdo con algunos testimonios y las pruebas recaudadas, la asignación de los cupos de ampliación de cobertura en el año 2004 se acordó en el apartamento del concejal Mauricio Mejía López. Falsedad de documentos, suplantación de estudiantes y relación fraudulenta de gastos fueron algunas de las irregularidades establecidas por la Fiscalía durante la investigación.

Como “una empresa criminal encaminada a defraudar patrimonialmente al municipio de Cali, donde personas que ostentaban calidades de concejales incidieron en la suscripción de contratos del programa de ampliación de cobertura”, calificó la Fiscalía el proceder y actuaciones de quienes participaron de la apropiación de más de $1.200 millones destinados a la educación de los niños más pobres de Cali.

El Pais tuvo acceso al expediente y la providencia de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que ratificó en segunda instancia los cargos y revocó la libertad que le había sido concedida al concejal de Cali Mauricio Mejía López, y según las cuales la defraudación a la educación de los más pobres se produjo a través de “una verdadera y compleja organización criminal”.

Advierte la Fiscalía que para el ilícito no sólo se orientó la asignación de cupos del Programa de Ampliación de Cobertura hacia determinadas fundaciones y establecimientos educativos, sino que éstos –los colegios y fundaciones– incurrieron en falsedad de documentos, suplantación de alumnos y relación fraudulenta de gastos, para justificar los desembolsos hechos por la Secretaría de Educación.

En las consideraciones de su determinación, el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema y con base en declaraciones de algunos de los involucrados señala a Mejía y al ex asesor de la Secretaría de Educación Édgar Cerón de ser quienes dirigieron el otorgamiento de los cupos a las fundaciones “a cambio de recibir parte de los pagos”.

Las investigaciones de la Policía Judicial y las declaraciones de los testigos señalan que la asignación y distribución de los cupos se definieron entre Mejía y Cerón durante reuniones en el apartamento del primero ubicado al sur de Cali. A algunas de esas reuniones habrían comparecidos los ex secretarios de educación Silvio Borrero y Carlos Alberto Saavedra.

De acuerdo a lo establecido por el ente acusador, Cerón, en su calidad de asesor de la Secretaría de Educación, era el enlace entre Mejía –su jefe político– y las fundaciones y colegios adjudicatarios de los cupos. En relación con Mauricio Mejía, dice el expediente “tenía el dominio sobre la Secretaría de Educación; de ahí su preponderante intervención e influencia en el acuerdo de voluntades que dio origen al concierto para delinquir”.

El modus operandi. A mediados del 2004 la Secretaría de Educación anunció que la adjudicación de los cupos de ampliación de cobertura se haría a través de fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro y no de manera individual con cada colegio, como se había hecho anteriormente.

El número

$1.213 millones, es la suma que según la Fiscalía se perdió del programa de ampliación de cobertura en el año lectivo 2004.
A partir de allí, Víctor Hernán Quezada, representante legal de la Fundación de Ayudas Técnicas, Fundat, contactó a los propietarios de varios colegios inscritos para la ampliación de cobertura a quienes les anuncia que para poder acceder al programa sus colegios tenían que ser propiedad de una entidad sin ánimo de lucro, y les ofreció la suya para facilitar el trámite.

Durante una reunión, a la que asistió Alexánder Cerón, Quezada presentó ante los propietarios de los colegios a Walter Fernando Trejos Espada, allegado a Cerón, quien se encargaría de hacer el trámite ante la Cámara de Comercio para que los colegios aparecieran como propiedad de Fundat, previo el pago de cinco millones de pesos por cada establecimiento. Registros que obviamente resultaron falsos.

Entonces, Quezada suscribió con cada uno de los propietarios un documento de cesación de efectos jurídicos para que los colegios volvieran a sus verdaderos dueños una vez terminara el programa de cobertura.

Fue así como Fundat apareció como propietaria de los colegios Las Américas, Jardín Infantil Niño Jesús de Praga, Jardín Los Pochis, Juan Carlos Garzón, Óscar Arnulfo Guerrero, Centro Educativo Autónomo, Mi Segundo Hogar, San Gabriel Arcángel, Centro Docente La Victoria, Centro Educativo Gilmar, Instituto de Educación Técnica, Icet, y Elíseo Payán, el único que en realidad le pertenecía.

Igual procedimiento se hizo con la Corporación para el Desarrollo de la Educación Popular de Cali, Codepca, que se presentó como propietaria de los colegios Comuna XVI, Siglo XXI y Ramón Franklyn Galvis.

Para ello también se presentaron documentos falsos elaborados por Trejos Estrada y con el auspicio de Víctor Hernán Quezada, representante de la Fundación Fundat.

En este caso los documentos fueron elaborados en enero del 2005, pero con fecha de septiembre 30 del 2004.

Los pagos. De acuerdo con la estructura definida por la Secretaría de Educación los colegios recibirían $500.000 por cada uno de los estudiantes matriculados, sin embargo Quezada sólo les entregaba el 50%, ya que el dinero restante, según testimonios rendidos por varios testigos y algunos de los implicados, era para pagarles a quienes intervinieron en la asignación de los cupos.

Otro testimonio incriminatorio fue rendido por la directora del colegio “Mi Segundo Hogar”, María Hilda Murillo –también cobijada con resolución de acusación–, quien en indagatoria expresó que el señor Víctor Hernán Quezada, representante de Fundat, le expresó que sólo le pagaría la mitad ($25.000) por cada niño matriculado por ampliación de cobertura, ya que la suma restante “era para pagarles a los concejales, a los interventores, al Secretario de Educación y a uno de sus asistentes”.

Agregó la señora Murillo en la indagatoria, que la contadora de Fundat, Gloria Patricia Recalde Folleco, le expresó “que ellos inflaban los valores de los gastos que reportaban los colegios en los informes a la Secretaría de educación para que las cuentas cuadraran con lo que les entregaban”.

La forma como se defraudó al Programa de Ampliación de Cobertura Educativa quedó evidenciado por el testimonio rendido por el profesor Harold Otalvaro Claros.

“En una ocasión el Presidente de Fundat nos dijo que sólo le pagaba al colegio $250.000 –la mitad de lo asignado– por cada estudiante matriculado, ya que de ahí comíamos todos. Que había concejales que les habían ayudado a conseguir las coberturas y que tenían que partir, que tenían que darles... Que en eso estaban los concejales, el Alcalde y un poco de gente era la que comía ahí”.

De acuerdo con las pruebas y testimonios allegados al proceso se comprobó que los rectores de los colegios hacían firmar a los profesores dos planillas de pago. En una se consignaba el valor real que percibían y otra por el doble o el triple de ese valor, era la que le presentaban a la Secretaría de Educación.

“Yo me ganaba $100.000 mensuales, porque sólo trabajaba un día a la semana, pero en diciembre, cuando me pagaron los tres meses trabajados me hicieron firmar una cuenta de cobro por un millón doscientos mil pesos. Siempre firmábamos por el doble o el triple”, le dijo a la Fiscalía uno de los profesores del colegio Gilmar.

Agregó que cuando preguntó por la razón de esa doble nómina se le explicó que “el colegio tenía que justificar el 100% del desembolso hecho por la Secretaría de Educación, así sólo recibiera la mitad del recurso”.

También, para cubrir las irregularidades, se descubrió que muchos niños fueron matriculados en dos colegios y con nombres diferentes. Así lo relató a la Fiscalía uno de los funcionarios de la Personería que participó de las investigaciones.

“Algunos menores nos manifestaron que el señor Jaime Eduardo Mosquera los había obligado a aprenderse un nombre ficticio y el de unos supuestos padres”, dijo el investigador.

Otras modalidades. Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría permitieron establecer que de manera directa y a través de personas de su entera confianza el concejal Mauricio Mejía López obtuvo dineros del programa de ampliación de cobertura.

De acuerdo con declaración rendida por el ex director del Dagma, Sergio Castañeda, vinculado a la campaña de Mauricio Mejía López y quien también es investigado penalmente, “existe una organización perfectamente estructurada para esquilmar el patrimonio de la educación tanto en los cupos como en los desayunos escolares”.

Bajo juramento Castañeda asegura que dicha organización “era direccionada por los concejales Mauricio Mejía y Luis Mario Cuervo y en la que tenían claras funciones en la Secretaría de Educación los señores Alexánder Cerón y Freddy Villegas, de la cual recibieron provecho económico y político”.

Castañeda fue vinculado a la investigación con base en la declaración rendida por la señora Ana Julia Torres, propietaria de la corporación del mismo nombre, a la que pertenecen los colegios La Floralia, Nuestra Señora del Carmen y Señor de los Milagros, quien relató que “un señor de apellido Castañeda, amigo del concejal Mauricio Mejía, la abordó un día y le ofreció intermediar para que en la Secretaría de Educación le adjudicarán cupos dentro del plan de ampliación de cobertura educativa, lo cual efectivamente sucedió, y que a cambio le exigió después la suma de ciento veinte millones de pesos, los cuales le entregó en el mes de diciembre del 2004 en el Banco de Bogotá, sucursal Chipichape”.

Castañeda confirmó la transacción bancaria de diciembre del 2004, pero aseguró que sólo cumplía instrucciones de Mejía López y que el dinero lo entregó el mismo día, en el parqueadero del centro comercial, al también concejal Luis Mario Cuervo.

“El señor Mauricio Mejía López no sólo me solicitó que acompañara a la señora Ana Julia Torres al centro comercial, sino que me dijo que ella me iba a entregar una suma importante de dinero por verse beneficiada por la cobertura educativa. La señora me entregó una cantidad superior a cien millones de pesos, los cuales entregue al concejal Luis Mario Cuervo Villafañe en el parqueadero del establecimiento”, aseguró Sergio Castañeda.

De esa transacción bancaria, las autoridades tendrían como pruebas los testimonios de dos empleados del banco.

Castañeda aseguró igualmente que “Alexánder Cerón y Mauricio Mejía eran los encargados de coordinar el otorgamiento de las becas a diferentes fundaciones a cambio del pago de un porcentaje o una comisión y que las reuniones para tomar dichas decisiones se hacían en el apartamento del concejal ubicado en las Torres de Multicentro”.

Como consecuencia de tales actuaciones fue que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia determinó revocar la libertad que el pasado 4 de enero le había otorgado a Mauricio Mejía López.

“El copioso acervo probatorio es indicativo de la preeminencia de sus intereses personales, fundamentalmente los económicos, con grave perjuicio de la administración pública, el patrimonio y la satisfacción de precarias necesidades de sectores menos favorecidos”, dice el Fiscal delegado ante la Corte.

El desenlace de esta historia, en la que habrían más detenidos, sólo se conocerá una vez finalice el juicio al que deben comparecer los implicados.

El dato clave

Por la defraudación al programa de ampliación de cobertura se adelantan investigaciones fiscales y disciplinarias por parte de la Contraloría y la Procuraduría.

Los otros involucrados

Las investigaciones adelantadas hasta el momento comprometen también a directivos de colegios, empleados y funcionarios de la Secretaría de Educación.

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ratificó la resolución de acusación por los delitos de concierto para delinquir y peculado en contra de Ana Julia Torres, Gloria Patricia Recalde Folleco, María Hilda Ángel, Diana Paola Valdés Cortes y Walter Fernando Trejos Espada.

Asimismo, profirió resolución de acusación por el delito de concierto para delinquir en contra de Martha Lucia Guzmán Londoño, representante legal de la Corporación Codepca, quien también es procesada por peculado y falsedad en documento público y privado.

De igual manera, se dispuso la compulsación de copias para la apertura de investigación formal en contra de los ex secretarios de Educación de Cali Silvio Borrero Astudillo y Carlos Alberto Saavedra Macia.

También está vinculado a la investigación Jaime Eduardo Mosquera, rector del colegio Gilmar, quien reconoció haber 'clonado' a estudiantes de un colegio en otro.

De otra parte, la Procuraduría General de la Nación adelanta investigación disciplinaria en contra de varios funcionarios de la Secretaría de Educación que participaron del proceso de selección de los colegios beneficiados con los cupos del programa de ampliación de cobertura educativa.

En el mismo proceso fueron vinculados algunos funcionarios de las firmas que adelantaron la interventoría.

Tres datos claves

  • El ex director del Dagma y asesor de Mauricio Mejía López, Sergio Castañeda, se acogió a sentencia anticipada y está pendiente de la convocatoria de la audiencia pública.


  • Durante los meses en que participó de las irregularidades, Alexánder Cerón no tenía vinculación formal con la Secretaría de Educación. Su contratación se produjo en marzo del 2005.


  • Según el Fiscal investigador, todos los involucrados participaron voluntariamente de los hechos irregulares.


  • En sus propias palabras

    “Las investigación desarrollada a través de este trámite penal puso de manifiesto una emarañada red de ilícitos efectivamente consumados para la consecución de los propósitos fraguados con el acuerdo de voluntades que dio origen a la organización criminal. Las tramposas actividades desarrolladas por los contratistas fueron adelantadas con el previo conocimiento de la Secretaría de Educación, desde donde incluso fueron promovidas por Alexánder Cerón Ortega”.

    Carlos Arturo Torres Poveda, fiscal delegado ante la Corte.




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