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Lunes 1 de Septiembre de 2014

Fallo
Se cayó impuesto al teléfono



Los bomberos utilizan los dineros que reciben para pagar nómina y el mantenimiento de equipos. En el 2004 atendieron 7.101 hechos, entre accidentes de tránsito, incendios y otros.
El Consejo de Estado ratificó una sentencia que dejó sin piso legal el Acuerdo 032 de 1998, que autorizaba el cobro del gravamen para financiar el organismo de socorro. Concejales apoyan propuesta de revivir el Fondo para la Seguridad como una salida a esta situación.

Un fallo del Consejo de Estado que declaró la nulidad del cobro al impuesto al teléfono pondrá en aprietos la sostenibilidad financiera del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.

A través de una sentencia del 9 de diciembre de 2004, el alto tribunal dejó sin piso jurídico el acuerdo 032 del 30 de diciembre de 1998, expedido por el Concejo de Cali, que creó el impuesto a la telefonía domiciliaria.

Con ese acuerdo local se determinó que el 60% de los ingresos recaudados estaba destinado al sostenimiento de la institución bomberil, mientras que el 40% era para el pago de la deuda del Municipio con los bancos.

Sin embargo, en enero de 1999, cuando comenzó a regir la norma, el abogado y catedrático Wilson Ruiz instauró una demanda contra el acuerdo 032 en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle argumentando que el Concejo se había tomado facultades que no tenía, como era la creación del gravamen.

“Observé que se violó la Constitución Nacional, porque la creación de impuestos le corresponde sólo al Congreso de la República”, dijo Ruiz.

El 6 de marzo del 2002, el abogado obtuvo la respuesta del Tribunal del Valle que anuló dicho cobro, pero el Municipio instauró un recurso de apelación contra dicha sentencia al considerar que en esa época no había sido derogado el impuesto al teléfono.

Ante esta situación, Ruiz apeló al Consejo de Estado hasta que en diciembre pasado la Sección Cuarta de la Sala ratificó la sentencia al concluir que el Concejo carecía de competencia derivada para desarrollar el proyecto al no existir alguna norma superior que le diera los parámetros o los intervalos para determinar los elementos propios de la Ley que crea el gravamen.

Asimismo, el demandante pidió que se le devuelva a los caleños los dineros cobrados mediante este impuesto desde hace seis años, que según él, ascienden a $50.000 millones.

“Es mucho el desmedro económico ocasionado por este impuesto a la comunidad. Hay que buscar otros mecanismos para financiar los bomberos”, agregó el abogado.

El Pais intentó conocer la opinión del capitán Fernando Álvarez, comandante de los bomberos, pero no fue posible.

La institución informó que el próximo lunes, en rueda de prensa, Álvarez explicará el impacto que sufrirán por este fallo.

Entretanto, los concejales Piedad Varela, Milton Castrillón, Luis Mario Cuervo y el presidente de la corporación Carlos Urresty, afirmaron que la Alcaldía debe analizar la forma en que dinamiza las finanzas.

“Esta decisión es gravísima porque no sólo deja sin piso financiero a los bomberos de Cali sino a los de cualquier ciudad del país”, expresó Castrillón.

Agregó también que “esta demanda genera un daño a la ciudad y es una injusticia contra los bomberos, que han prestado un servicio importante en el área metropolitana”.

5.280 millones de pesos recibieron los bomberos durante el año 2003, por concepto del gravamen a la telefonía domiciliaria.
El edil propuso revivir el Fondo para la Seguridad como una alternativa para la financiación de los bomberos y otras instituciones como la Policía Metropolitana, la Defensa Civil, la Cruz Roja y el Clopad que desde el año pasado venían reclamando participación sobre dichos ingresos.

Castrillón explicó que el Fondo puede operar de dos formas. “Una es que reciba dineros de la Administración local, los cuales habría que buscarlos, y la otra sería que quien solicite servicios de estos organismos los pague como lo hace la Policía que cobra por la vigilancia de los eventos”, sostuvo.

Para Urresty, la solución a esta problemática se encuentra en manos del Congreso con la modificación de leyes como la Ley 617, que impide a los Concejos crear tasas. “De no existir esa norma que nos amarra, el Concejo podría crear una tasa con destino a las instituciones de seguridad y socorro”, reiteró Urresty.

Por su parte, Piedad Varela sostuvo que esta es una oportunidad para que la Alcaldía ordene los recursos que destina para la prevención y a la seguridad.

“Los bomberos se beneficiaron con este impuesto, pero no supieron invertir y mucho menos guardar para una época difícil como la que deberán afrontar”, aseguró la edil.

De otro lado, el ex alcalde Ricardo Cobo calificó la situación como un problema de Cortes. “El mismo Consejo de Estado ha cambiado de jurisprudencia porque la base legal que se utilizó para este impuesto fue la misma para el alumbrado público. Hoy se esta desconociendo un fallo de la Corte Constitucional con relación a este tema”, concluyó.

El dato clave

El concejal Milton Castrillón planteó que la situación de los bomberos debe ser incluida en las sesiones extras convocadas para discutir aspectos del MIO. La entidad tiene 77 años de existencia y 500 unidades, de los cuales 200 son pagos.

Suspensión del cobro

Emcali trabaja en los mecanismos para interrumpir el cobro del impuesto a los 520.000 clientes de la firma de telecomunicaciones.

La directora comercial de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, María Teresa Varela, explicó que la compañía está organizando la plataforma para suspender inmediatamente el cobro del impuesto de teléfono en las facturas.

La funcionaria indicó que dado que apenas recibieron la notificación del Consejo de Estado, es posible que durante febrero lleguen recibos con el cobro.

“Estamos trabajando en la adecuación de mecanismos para interrumpir el cobro del gravamen”, reiteró la señora Varela.

Señaló que se trata de la suspensión en las facturas de 520.000 clientes con que cuenta la empresa de telecomunicaciones.

Como se recordará, el acuerdo estableció una cuota, independiente del consumo, de $200 para los estratos 1 y 2; $400 para estratos 3 y 4; $2.700 para estratos 5 y 6; y $4.800 para los sectores comercial e industrial.

“Emcali sólo es recaudador de los dineros, los cuales se los entregamos al Municipio y este sería el encargado de devolverlos como plantea el demandante de la norma”, aclaró la funcionaria.





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