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Jueves 24 de Abril de 2014

Informe Especial
Mercaderes de sueños y birretes

Por Carolina Bohórquez Ramírez


En Cali abundan los institutos que ofrecen todo tipo de educación sin permiso y con publicidad engañosa. Quedan cinco meses para que legalicen sus programas de enseñanza, según el Ministerio de Educación.

En la fachada de una casa de tres pisos, ubicada en una de las esquinas de la Avenida Cuarta Norte con Calle 19, del barrio Versalles, un gigantesco aviso anuncia el nombre de un instituto que promociona carreras técnicas.

Pero no hay estudiantes y los pupitres, que los transeúntes vieron arrumados en los últimos meses a través de los ventanales descubiertos no están desde hace tres semanas. Tampoco, las fotografías, con sus respectivos birretes, de aquella promoción del 2005.

Lo que sí permanece es el candado de la puerta de entrada y otro gran letrero en un costado del mismo recinto. El aviso anuncia otro instituto, cuyas carreras técnicas prometen proyección internacional.

Ninguna de las instituciones que comparten este inmueble figura en el listado oficial del Ministerio de Educación de las entidades autorizadas para ofrecer carreras técnicas o técnicas profesionales. En donde sí figuran es en el registro de las entidades de educación para el trabajo y el desarrollo humano de la ciudad, como hoy se conoce a la educación no formal (Ver ilustración).

De este tipo de formación hacen parte las escuelas de gastronomía, música, teatro, estética, actuación, inglés, baile, conceptos tributarios o contables, secretariado, locución, auxiliares de enfermería, criminalística y otras tantas.

La diferencia radica en que mientras las entidades que imparten educación superior otorgan títulos como técnico profesional, tecnólogo y profesional, con autorización del Ministerio de Educación, aquellas que brindan formación para el trabajo, que se enfoca en educar en competencias laborales y académicas, entregan certificados de estudio.

Las responsables de aprobar y vigilar su funcionamiento y de evaluar su nivel académico son las secretarías de Educación departamentales y municipales.

De hecho, existen 152 instituciones que tienen autorización para ofrecer educación para el trabajo o no formal, según datos de la Secretaría de Educación de Cali.

Sin embargo, fuentes de esa misma dependencia que pidieron la reserva de su identidad, aseguran que en la capital vallecaucana hay otras 800 de estas entidades que no tienen permiso para funcionar y, para colmo, ofrecen lo que no pueden dar.

Incluso, parte del centenar de instituciones que están registradas anuncian carreras técnicas de la educación superior, lo que, según el Ministerio de Educación, no pueden hacer. Algunas instituciones prometen formar en dos años técnicos profesionales y profesionales, lo cual es un engaño, de acuerdo con la ley.

La confusión en la comunidad se debe, especialmente, a que los nombres de los programas que ofrecen esas instituciones son bautizados de igual manera que las carreras ofertadas por la educación superior (ver recuadro).

Para solucionar este enredo, el Gobierno Nacional expidió el decreto 2888 del 2007, con el fin de reglamentar la creación y el funcionamiento de los establecimientos de educación para el trabajo (educación no formal).

Plazo para cambios

El decreto fue expedido el 31 de julio del año pasado por el Ministerio de Educación y dio un plazo de 18 meses a los institutos de educación para el trabajo autorizados, para que renueven los registros de sus programas de enseñanza.

El decreto recalca que “la denominación de los programas ofrecidos debe ir acorde con el contenido básico de la formación, siendo claramente diferenciables como programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano”. Aunque este decreto no es una amnistía para los más de 800 institutos que no están registrados en Cali, tanto ellos, como los legales, deben ajustarse a los lineamientos oficiales.

Eso significa que los 152 autorizados tendrán que renovar los permisos de sus programas antes del 31 de diciembre de este año. Los que están por fuera del registro deberán presentar una solicitud a la Secretaría para hacer parte de este sistema educativo, preferiblemente, antes de la misma fecha.

Pese a la advertencia, a menos de cinco meses para cumplirse el plazo, no es evidente la intención de acogerse a la medida. Aunque funcionarios de la Secretaría de Educación de Cali, sin precisar números, aseguran que ya hay peticiones de interesados en que les aprueben los ajustes.

José Darwin Lenis, subsecretario de Desarrollo Pedagógico, dijo que “la Secretaría ha establecido zonas de trabajo donde los equipos de regulación, inspección y vigilancia detectarán a los institutos de educación para el trabajo que no tengan reconocimiento oficial”.

A partir de enero, aquellos que no se acojan a lo estipulado en el decreto, no podrán abrir sus programas.

A pesar de que algunos directores de estos establecimientos, como una academia de locución de la Calle Quinta, afirman no conocer el mandato, la Secretaría de Educación sostiene que sí se han hecho jornadas informativas y que en la página web está el llamado al control. Otros dicen que les informaron tarde y que están evaluando cómo hacer el cambio.

Para veedores ciudadanos, es fundamental que, en lo sucesivo, quienes se matriculan en educación no formal sean conscientes de que ingresaron sólo a una capacitación. Y no como ocurre ahora, que muchos estudiantes entran convencidos de que en dos años se convertirán en técnicos en alguna profesión y pagan por lo que creen es una carrera técnica e, incluso, universitaria.

El mismo decreto expedido por el Gobierno explica que una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano es aquella de carácter estatal o privada, organizada para desarrollar programas de técnica laboral o de conocimientos académicos.

Desde el Viceministerio de Educación Superior trabajan en un proyecto que busca meter en cintura y controlar a los institutos de educación para el trabajo. Según el Ministerio, las instituciones de la anteriormente llamada educación no formal deben incluir en su publicidad que no otorgan títulos. El artículo 11 del decreto 2888 ordena que las instituciones de educación para el trabajo no podrán ofrecer y desarrollar directamente programas del nivel técnico profesional, tecnológico o profesional.
“El problema se genera cuando se habla de que pueden ofrecer programas de formación académica y por eso hay institutos que mezclan planes técnicos con nombres de carreras universitarias, pero quienes lo hacen se olvidan de que ese mismo decreto también ordena que hay que acatar otra ley: la 115 de 1994”, dicen los veedores. Esta ley explica que la educación para el trabajo, antes conocida como no formal, tiene el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en la educación superior.

La Secretaría insiste en que las instituciones de educación no formal no pueden utilizar las expresiones “profesionales técnicos”, “carreras técnicas” o “técnicos en carreras universitarias”. Sin embargo, hoy, en las calles de Cali se leen avisos de técnicos en ingeniería de sistemas, en ingeniería industrial, en psicología, en administración de empresas, en comunicación social, en diseño gráfico y otras carreras.

Está confusión es alimentada por mercaderes que hacen un suculento negocio, pues los institutos de educación para el trabajo abren cada semestre con 25 ó 30 estudiantes. Cada uno de ellos paga entre $500.000 y $1.100.000 por semestre. Un ciclo de estudio dura entre un año y dos.

Según el decreto 2888, estos institutos deben entregar certificados de aptitud ocupacional, que no induzcan a errores. Los certificados, dice el decreto, son de dos tipos. Uno con el término de técnico laboral por competencias y éstas son de acuerdo con la Clasificación Nacional de Cualificaciones del Sena, y el segundo es de conocimientos académicos, no de carreras.

Una feria de publicidad engañosa

En un recorrido por la ciudad, El País encontró una feria de programas bajo el rótulo de carreras técnicas en centros de educación para el trabajo, concentrados, sobre todo, en barrios del norte, como Versalles, San Vicente, Granada y Prados del Norte, y cerca a la Calle Quinta, a la avenida Roosevelt, al estadio Pascual Guerrero y a la autopista Suroriental.

Una de ellas está en el barrio Versalles, donde el semestre del programa para ser técnico en psicología cuesta $530.000, pese a que en el Ministerio de Educación no existe en el país ese

título (técnico profesional) para esta disciplina.

En la avenida Tercera Norte con Calle 32, un instituto de educación para el trabajo incluye en su nombre la palabra “universitario”. Promociona más de diez carreras técnicas, pero a los interesados les explicaron que derecho con criminalística ya no lo dictaban. Allí dijeron que están trabajando en el ajuste.

En otra entidad donde anuncian carreras técnicas, ubicada en la Carrera 62 con autopista y autorizada, según el registro de la Secretaría de Educación de Cali, explican que desde su creación pretendían volverse universidad, que no hicieron nada a escondidas de las autoridades ya que sus programas fueron aprobados tal como los promocionan.

Frente a esta situación, Bernardo Rivera, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascún, afirmó: “Colombia requiere capacitaciones en ocupaciones y oficios y estoy de acuerdo en que exista esta formación, pero lo que no podemos permitir es que los alumnos se vinculen convencidos de que son técnicos profesionales. Está faltando mucha pedagogía y control”.

También es común ver instituciones que funcionan dentro de otras, generando más confusión. En Prados del Norte una entidad que educa para el trabajo comparte aulas con un instituto que sí puede graduar a técnicos profesionales.

En algunas entidades dicen que han acatado la ley, que no son mercaderes y que tienen calidad. Anotan que hay programas aprobados de esta forma desde hace 15 años por la misma Secretaría. Otras niegan que estén dando títulos. Dicen entregar certificados de técnicos.

Tampoco hay claridad sobre quién y cómo se controlan los precios de matrículas y otros costos. Estudiantes de una escuela de auxiliares de enfermería, en San Fernando, se quejaron de cobros en el curso de dos años. “Además de los $4.000.000 en total por el curso, hay un diplomado de $3.000.000 más, promocionado con la idea de facilitar trabajar en el extranjero. Es voluntario y los estudiantes lo hacen ilusionados, pero no se ha sabido que alguien haya viajado”, dijo una alumna que pidió reserva de su nombre. Incluso contó que cobran hasta por los derechos de grado y otros documentos.

“Cuando hay una mezcla no se sabe si se está capacitando para el trabajo o formando a un profesional”, dice Marta Jaramillo, rectora de la Fundación Academia de Dibujo Profesional, entidad aprobada por el Ministerio en técnica profesional. Algunos estudiantes de esa Academia tuvieron que empezar el programa técnico profesional en diseño gráfico porque se dieron cuenta de que el que hicieron con el mismo nombre en una entidad de educación no formal no les servía para cursar un nivel superior.

En la casa del barrio Versalles, donde funcionaron dos institutos técnicos y que hoy tiene los servicios cortados, también hubo un tercer aviso. Era de una corporación tecnológica de Bogotá, cuyos voceros le dijeron a El País que habían alquilado allí porque analizaban la posibilidad de apertura. Pero al final, recogieron los pupitres arrumados, retiraron el gigantesco letrero de la entrada y aquella foto de la promoción de criminalística del 2005. Vecinos dijeron que los estudiantes de los institutos se cansaron de reclamar.

Casos insólitos

En un local alquilado a una clínica en la autopista con carrera 44, donde hay una papelería, funciona un instituto de capacitación empresarial. En el registro de educación para el trabajo no aparece su nombre. Las clases las ofrecían anteriormente en un auditorio de la clínica. Ahora las realizan en las empresas interesadas en las capacitaciones.

Una panadería en el barrio San Fernando es una escuela para aprender a hacer pan. Cada curso cuesta $1.000.000 y, aunque su nombre no aparece entre los registrados como entidad de educación para el trabajo, en el sitio dijeron que: “llevamos 30 años y tenemos registro”. Tampoco está registrada la escuela que el mes pasado realizó un curso en un hotel y con una duración de tres días para formar a pizzeros profesionales.

Una academia de locución de la avenida tercera norte no está aprobada y ofrece la carrera de comunicación social.

Hay institutos de poco espacio. Frente al estadio hay uno que enseña secretariado, peluquería y bachillerato en el segundo nivel de una vivienda.

En sus palabras

"Hay que ser muy enfáticos en que no se induzca a error diciendo que una cosa es igual a otra y con la idea de que un programa técnico laboral es homogable”.

Bernardo Rivera, director Ejecutivo de Asociación de Universidades, Ascún.

"Hemos detectado más de 10.000 instituciones de educación para el trabajo en toda Colombia. Por eso, lo que está haciendo el Gobierno es empezar a poner orden”: Gabriel Burgos, viceministro de Educación Superior.

"Estos institutos podrían articularse con la educación superior, pero para validar asignaturas y siempre y cuando tengan un certificado de gestión de calidad de Icontec”: Secretaría de educación de Cali.

"Estas instituciones se han vuelto mercantilistas y se aprovechan de la buena fe de la gente. ¿Dónde quedan los sueños de quienes quieren estudiar?”: Marta Jaramillo, rectora de la Fundación Academia de Dibujo Profesional.

¿‘Boom’ de carreras?

El Ministerio de Educación sólo reporta nueve instituciones de técnicos profesionales en el Valle.

Las carreras como diseño gráfico, las ingenierías de sistemas e industrial, administración de empresas, comunicación social y educación preescolar son las preferidas por gran parte de los institutos de educación para el trabajo en la región, que las ofrecen como carreras técnicas, así no tengan permiso y no hagan parte de la educación superior, como lo dejó en claro el Ministerio de Educación con su decreto 2888 del 31 de julio del 2007.

Esta proliferación contrasta con el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, que se alimenta con datos suministrados por las mismas instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias de Colombia. Según este reporte, en el Valle apenas son nueve las instituciones autorizadas para otorgar títulos de técnico profesional.

Ellas son la Corporación de Educación Superior Miguel Camacho Perea, el Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez, la Corporación Educativa Centro de Administración de Cali, la Fundación Academia de Dibujo Profesional, el Instituto Técnico Agrícola, ITA; la Corporación Regional de Educación Superior, CRES; el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo y la Unidad Técnica Profesional de Sevilla, Uniteps.

En el listado también figura la Fundación Instituto de Carreras Técnicas Profesionales, Fidci, de Cali que, a pesar de que cerró hace más de tres años, aún tiene sus programas vigentes.

Mientras en Cali hay instituciones de educación para el trabajo con diseño gráfico y sistemas en una sola carrera técnica como es el caso de un centro en Prados del Norte que la ofrece con semestres de $500.000, es la Academia de Dibujo Profesional la que aparece en el Sistema como autorizada en el Valle para otorgar los títulos de técnicos profesionales en diseño gráfico y en publicidad.

El mismo registro del Ministerio no muestra ninguna institución en la capital vallecaucana autorizada para entregar el título de técnico profesional en ingeniería de sistemas. En el campo de la ingeniería industrial, en el país figuran la Fundación Instituto Superior de Carreras Técnicas, Insutec; la Fundación por la Educación Superior Real de Colombia, ambas de Bogotá, y la desaparecida Fidci en Cali.

El Sistema de Educación Superior señala que en Colombia están registradas la Corporación Centro Técnico Arquitectónico de Pereira, con el título de técnico profesional en medios de comunicación social y locución, y de nuevo la Fidci. Esta última es la única en Cali que figura en el registro con el título de técnico profesional en ese campo.

El Sistema de Educación Superior reporta que la Corporación Educativa Centro de Administración de Cali, el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, el Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez y Fidci tienen en el Valle el título de técnico profesional en administración de empresas.

En cuanto a psicología, en el Ministerio no entienden cómo en Cali ofrecen programas de técnicos en psicología e informan que para ejercer esta profesión se requiere acreditar la formación académica e idoneidad profesional, presentando el título profesional respectivo y la tarjeta profesional del Colegio Colombiano de Psicología.

Ojo con el certificado del Sena

Este año, estudiantes de una escuela de auxiliares de enfermería no pudieron hacer su práctica en una clínica odontológica del norte de la ciudad como beneficiarios del contrato de aprendizaje, donde un alumno termina su formación con patrocinio de una empresa. El Servicio Nacional de Apredizaje, Sena, anunció sanciones contra la clínica porque no verificó que la escuela de auxiliares de enfermería tuviera un reconocimiento de calidad, otorgado por el mismo Sena. De nada vale, en este caso, que la escuela tenga un reconocimiento del Comité Ejecutivo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud.

Según el Sena, las empresas privadas que desarrollen cualquier actividad económica diferente de la construcción y que tengan más de 15 trabajadores están obligadas a tener estudiantes de educación no formal, en la modalidad de aprendices.

Las empresas pueden buscarlos en el Sena. Pero si acuden a otras instituciones de educación para el trabajo o no formal, éstas deben tener reconocimiento del mismo Sena y la escuela de enfermería, arriba mencionada, no lo tenía, aunque lo ha solicitado.

De 38 escuelas de enfermerías en el Valle, sólo una lo ha obtenido. No obstante, el Sena aclara que los institutos

de educación para el trabajo no están obligados a gestionar este certificado. Pero es un indicador de calidad que tiene interesados. De 27 entidades que en el 2006 lo pidieron y 15 más en el 2007, el Sena tan sólo ha certificado a nueve de ellas.

Condiciones para enseñar

Las instituciones que desean abrir sus puertas para fomentar educación para el trabajo y el desarrollo humano deben presentar una solicitud a la Secretaría de Educación de su respectivo municipio, en la que incluyan el objeto de la petición, la razón social del establecimiento educativo y la ubicación del mismo. Además deben presentar una propuesta del proyecto pedagógico, acorde con los lineamientos de la educación para el trabajo, antes conocida como educación no formal.

No obstante, veedores dicen que muchos casos no reúnen el requisito del proyecto pedagógico ni la infraestructura, lo que se refleja el funcionamiento de entidades en condiciones cuestionables (ver recuadro).

Deben tener personería jurídica o registro de existencia y representación legal, como Cámara de Comercio.

Sí también ejercen actividad comercial, deben cumplir la Ley Mercantil. Deben presentar “certificado del uso del suelo, número de identificación tributaria, concepto sanitario y/o acta de visita de control de la Secretaría de Salud, certificado de seguridad del Cuerpo de

Bomberos Voluntarios, licencia de urbanismo y/o construcción de curadurías urbanas, certificado

de tradición y el contrato o convenio de uso del bien inmueble escolar con una duración mínima de una cohorte de estudiantes”.




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