Google
Domingo 26 de abril de 2009

Informe Exclusivo
El negocio de vivir de las invasiones

Por Luiyith Melo García

Marginalidad. Cali sigue creciendo a golpe de invasión. En la zona de ladera, el Distrito de Aguablanca y las áreas de protección de ríos y canales hay más de 90 invasiones con 23.000 familias. Esos asentamientos consumen de forma ilegal 1,5 millones de metros cúbicos de agua y tres millones de kilovatios de energía.
Fotos: Alvaro Pío Fernández / El País
Detrás de los reubicados por el Gobierno llegan sus familiares que vuelven a invadir en busca de casa y subsidios. Aquí hay 90 invasiones y las soluciones no están claras. Emcali pierde $10.700 millones sólo en energía.

Una señora me trajo aquí y me dijo, vea, aquí están invadiendo. Era una vecina donde yo alquilaba antes. Yo le dije: ¿y qué es invadir?, porque yo nunca había escuchado la palabra invadir. Me dijo, usted llega, hace un rancho ahí, se mete a ese terreno y ya, eso es suyo, lo tiene que pelear. Y yo me metí ahí, en el pedazo que tengo. Mi rancho lo hice con basura reciclada de cuando estaba Navarro; recogía plásticos, palos que traían a botar y armé el cambuche...”.

Así llegó Mónica Hernández con sus tres hijos a Brisas de Córdoba, una invasión que está a un lado del Canal CVC Sur, frente al barrio Mariano Ramos. “Yo soy de Nariño, me vine porque me iban a matar. Primero me fui a Pasto a vender tintos y en una esquina vi a los que me iban a matar, entonces me devolví y me salieron por la otra esquina y me volvieron a amenazar. Ahí fue que dicidí venirme pa’cá, ya llevo como seis años”, narra la mujer.

La historia del indígena Julio Nel Casamachín, no es muy diferente. El hombre salió del resguardo Polindara, en San José de Totoró, Cauca, porque la guerrilla se le iba a llevar sus dos hijos. Hace un año llegó a Los Mandarinos, una invasión que está arriba de la Academia Militar, en la parte alta de Nápoles, donde prolifera una docena de asentamientos subnormales. Desubicado y con un casco en la mano, implora trabajo en la construcción de un centro de servicios que financia Carvajal en los Altos de la Luisa, un sector vecino a la invasión.

Como ellos, 5.900 desplazados llegan a Cali cada año a invadir terrenos y rebuscarse la vida en la ciudad, según cifras de la UAO, la Unidad de Atención a los Desplazados. En Cali hay unos 90 asentamintos subnormales con más de 23.000 familias.

Pero no todos los invasores tienen las premuras de Mónica y Julio Nel. En ese río revuelto se mezclan, también, los avivatos que buscan sacarle un subsidio al Gobierno y hacerse a otra casa, como se pudo evidenciar hace un mes en la invasión del jarillón del Canal CVC Sur, donde habitaba Mónica Hernández, antes de ‘mudarse’ a Brisas de Córdoba.

En esa entrada a Navarro había 569 familias invasoras, 268 dijeron que eran desplazadas, pero cuando se confrontó la base de datos sólo 102 eran efectivamente desplazados y recicladores y había que darles soluciones porque existen leyes que los protegen. Pero entre los invasores se descubrió gente que llegó por negocio. Había uno que tenía una grúa de la que percibía ingresos, 160 tenían casa propia, 68 habían sido encuestados en el censo del Sisbén y vivían en Mariano Ramos, al frente de la invasión. En últimas, 467 estaban invadiendo sin necesidad.

Promotores

Muchas veces estas ‘avivatadas’ son alimentadas por quienes promueven las invasiones y cobran por la posesión. A diferencia de Marroquín y los viejos promotores de invasiones en Aguablanca, los nuevos no se conocen, no dan la cara y utilizan a líderes de la misma comunidad para recoger fondos y hacer negocio. Así lo hicieron con Yeison Alfredo y Elvira Marín, líderes de Brisas del Bosque, el asentamiento vecino al hospital Isaías Duarte Cancino, quienes carnetizaban y recogían cuotas de la gente para asegurar su posesión.

En la invasión se repartieron volantes de una supuesta Asociación Promotora de Vivienda Popular de Cali, que cobraba $5.000 por afiliar y carnetizar a las personas. Eran para gastos de oficina, explicó Marín. El formulario de aplicación a la vivienda costaba $30.000 y se exigían hasta $50.000 mensuales como ahorro programado para obtener la posesión que valía un millón de pesos. La captadora no duró más de tres meses y, aprovechando los desalojos, desapareció con una cifra millonaria.

Desde el inicio de la invasión, en marzo del 2006, la Secretaría de Gobierno Municipal anunció la judicialización de los responsables de promover ese asentamiento, pero aún no se conocen los procesos. No hay nadie en la cárcel. Entre tanto, la invasión, que fue desalojada cuatro veces, hoy está consolidada con más de mil cambuches de tablas y esterilla.

El secretario de Vivienda, Juan Diego Flórez, reconoció que “hay gente que viene a contar que aquí se está promoviendo una invasión, aquí se está vendiendo el cupo, el lote... Pero cuando vamos allá los supuestos promotores se escudan en que ellos conformaron una asociación y ‘yo les puedo cobrar a estas personas para que se inscriban en mi asociación y yo veré qué hago con mi asociación’...”. Eso ocurrió con Brisas del Bosque. El problema es que hay captación ilegal de dineros y hay organizaciones que se prestan para recogerle cuotas a las personas y prometerles, muchas veces, los mismos proyectos que la Administración ofrece.

José Mario Guerrero confiesa que pagó un millón de pesos por la posesión de su vivienda en Pampas del Mirador, invasión ubicada en la zona de ladera, arriba de Nápoles.

“Nos dijeron que esto era del Gobierno, entonces nos asentamos aquí: Usted sabe que en un asentamiento normal alguien llega, coge su lote, lo marca y después llega otro a comprar, le dice cuánto te pago y lo vende... Yo como lo necesitaba me vendieron la posesión, nadie compra terreno, después se entra a pelear con el Municipio; me costó un millón de pesos”. Pero Guerrero no identifica a la persona que le vendió. “Alguien por ahí”, se limita a decir.

"Llegamos aquí a Pampas del Mirador, porque el trabajo se puso malo y no pudimos seguir pagando arriendo; yo ya tengo mi mejora en ladrillo" .José M. Guerrero, Pampas del Mirador.
Ruta de invasión

Como dijo el presidente del Concejo, Milton Castrillón, “invadir se volvió un mal negocio para la ciudad porque se le paga un subsidio a personas que no tienen la necesidad de una vivienda y a quienes lo necesitan no les está llegando. No hay control por parte de las oficinas de Planeación, Gobierno y Vivienda. Las tres se tiran la pelota y ninguna coordina un trabajo frente a la creciente proliferación de invasiones”.

En Potrerogrande dicen que ese es el caso de Fidelino Quiñónez, un negro que emigró de El Charco (Nariño) a la invasión Brisas de un Nuevo Amanecer, en el jarillón del río Cauca. El hombre y su familia fueron reubicados hace dos años por el Municipio en una vivienda de Potrerogrande, dentro del plan de recuperación del dique protector. Su familia recibió tres subsidios. Uno de la nación por cerca de $9.000.000, otro del Municipio por $4.134.000 y un tercero del Departamento del Valle por un millón de pesos. En total, $14 millones para una solución que costaba $20 millones.

Pero una vez se instaló en su nueva casa, Fidelino se trajo a sus primos de El Charco a vivir en el cambuche que él habitaba antes. Éstos, a su vez, arrastraron con otros familiares y se metieron en los ranchos del jarillón.

Urbanistas consultados por El País afirman que aquí faltó acción y control de parte del Gobierno, porque no derribó cuando debía los ranchos de Brisas de un Nuevo Amanecer, una vez reubicó las primeras 1.700 familias. “Entonces, muchos beneficiarios se trajeron a los parientes a vivir en esos cambuches”.

Otros, en cambio, decidieron arrendar las casas que les entregaron en la primera etapa de Potrerogrande y se quedaron en los ranchos. Es decir, hicieron negocio con la reubicación, pese a que la Ley de Vivienda Social dice que antes de cinco años no se puede arrendar, subarrendar o vender el inmueble y si se hace, se revoca el subsidio.

Pero los funcionarios encargados de adelantar esta investigación están amenazados. Incluso se supo que hay tres familias que no son adjudicatarias del programa y se tomaron sendas viviendas de Potrerogrande, las cuales no han querido entregar. Uno de los ocupantes sería el jefe de una ‘oficina de cobro’ y cada vez que la Policía va a hacer el desalojo, la misma comunidad se subleva y evita la diligencia.

Castrillón confirmó que en Potrerogrande hay un carrusel de invasión y negocio con los beneficios del Estado. “Hay más de 1.700 personas reubicadas del jarillón (Villamoscas, Brisas del Cauca y Brisas de un Nuevo Amanecer) a las que se les dieron subsidios, y muchos dicen que son familiares de los familiares de los familiares que conforman toda una cadena de invasión”.

El alcalde Jorge Iván Ospina indico que “la ciudad no puede permitir que se constituya su desarrollo mediante asentamientos irregulares y subnormales, eso impide un desarrollo adecuado y nos dificulta la prestación del servicio y tener una ciudad ordenada. La ciudad no puede ser la despensa de tierra para comunidades que viven en condiciones de indefensión en sectores rurales de otros territorios y que acuden a Cali con la premisa de que en la ciudad se regala tierra, porque ello no es así”.

Lo cierto es que, pese a lo dicho por el Mandatario, nadie parece ponerle coto a la situación y las acciones de policía y control se reducen a episodios coyunturales de desalojos, por ocupaciones evidentes en separadores y espacios públicos vitales.

Entre tanto, las posibilidades reales de solución al problema de invasiones que se tienen con el desarrollo de 42.000 viviendas en 1.400 hectáreas de la ecociudad de Navarro, siguen aplazadas.

Pese a que hay estudios técnicos hechos por los sectores público y privado que definen la zona y más de $80.000 millones de las caletas destinados para el masivo proyecto habitacional, el secretario de Vivienda, Juan Diego Flórez, indicó que se está completando la formulación del proyecto, porque los estudios privados podrían tener sesgos.

En Cali hay un déficit de 87.000 viviendas, de las cuales 55.000 son necesidad de casa nueva y 32.000 requieren solucionar problemas de títulos, servicios públicos y mejoramiento de vivienda.

Esta Administración se ha propuesta hacer 16.000 viviendas, pero con los retrasos que tiene la ecociudad de Navarro, tampoco está cerca una solución que empiece a resolver de fondo el problema de las invasiones que asfixian a Cali.

Volvieron a invadir en Brisas del Bosque. Consolidada. Así está hoy la invasión Brisas del Bosque. El predio está ocupado por más de mil ranchos de tabla y esterilla.
Foto: Álvaro Pío Fernández / El Pais
En sus propias palabras

  • "No hay una solución verdadera al problema, porque a los que desalojaron y les dieron un subsidio de arriendo por tres meses, cuando seles acabe aquí van a volver".

    Mónica Hernández, de Brisas Córdoba.

  • "Las invasiones son muy inseguras, a mí me dejaron sin largueros de la cama, las ollas se las han llevado y las venden por chatarra, uno no se puede descuidar".

    Olga Viviana López ,Invasión Navarro.

    Millonarias perdidas de agua y energía

    Los costos económicos y sociales de las invasiones para la ciudad son enormes. Empresas Municipales de Cali, Emcali. tiene un censo de 78 invasiones en 11 comunas urbanas y la zona rural, donde hay 23.133 familias que consumen servicios públicos de agua y energía sin pagar lo que les corresponde por ello.

    Según un estudio de la empresa, el año pasado se perdieron 1,5 millones de metros cúbicos de agua, consumidos de manera fraudulenta por esos asentamientos subnormales.

    Lo peor es que una familia de invasión consume el triple del agua que la familia promedio de una urbanización formal. En efecto, mientras en una vivienda normal se consumen 21 metros cúbicos de agua al mes, una de invasión gasta 64 metros cúbicos.

    En algunos sectores, Emcali ha podido instalar macromedidores para facturar consumos colectivos y luego distribuir la facturación entre las viviendas. Muchas de estas familias no pagan los servicios, pero a Emcali le sirve medir y facturar el consumo porque puede acceder al subsidio del 60% que autoriza la Comisión de Regulación de Agua, a través del Fondo Especial de Subsidios. Foes, para recuperar algo de las pérdidas.

    En energía las pérdidas son multimillonarias. Los cálculos de Emcali indican que de manera fraudulenta se están consumiendo 3.105.696 kilovatios hora en 17.942 viviendas de invasiones de Cali y Yumbo servidas por la empresa.

    Eso le genera un detrimento patrimonial a Emcali de $10.792 millones anuales, tan sólo en energía.

    La Gerencia de Acueducto de Emcali emprendió un programa, a través de Sercali, sobre el uso racional del agua en los asentamientos subnormales. Se intervinieron 679 viviendas con 2.513 habitantes de Brisas del Limonar, Nueva Ilusión y Sardi, en donde el gasto estimado por metros cúbicos de agua pasó de 43.456 a 24.578, con un ahorro de 18.879 m3.

    Algunas invasiones

    COMUNA 1

    Alto Aguacatal La Paz-Pardolla- da, Bajo Paler- mo, La Fortuna, Terrón Palmas Alto y Bajo, Vistahermosa.

    COMUNA 2

    Alto Menga- El Vagón, Las Minas, y Bataclán.

    COMUNA 4

    Camilo Torres y El Platanal.

    COMUNA 6

    Jarillón Paso del Comercio, Jarillón Petecuy Cinta Larga.

    COMUNA 13

    Belisario Betan curt, Brisas de la Paz, Jazmincito, La Florida, Nue- va Ilusión, Playa, Polo, Sardi y Villa Uribe.

    COMUNA 15

    Basuro Navarro, Brisas de Comuneros y Valladito, Brisas del Bosque Colo- nia Nariñense y El Encanto.

    COMUNA 18

    Algarrobo, Alto Polvorines, Brisas de la Chorrera, Brisas de las Palmas, La Cruz, La Choclona, La Es- peranza, Manda- rinos, Palmas II

    COMUNA 20

    Brisas de Mayo: Mangos, Cristalina, San- tos, Sultana; Casa de Piedra, Tierra Blanca

    COMUNA 21

    Brisas de Nue- vo Amanecer, Mandarinos, Sa- manes Cauca.

    Brecha de vivienda

    5.900 desplazados llegan cada año a Cali en busca de vivienda.

    6.000 viviendas nuevas es la demanda vegetativa de la ciudad.

    2.200 viviendas en promedio ha sido la oferta anual del Gobierno.




    NUESTROS USUARIOS OPINAN
    Opinar  
    Entrar Chat
    Los mensajes listados a continuación corresponden a los lectores.
    Elpais.com.co no se hace responsable por el contenido de los mismos.

  • OTRAS NOTAS DE SECCION
    Cali
    Piden respuesta en caso Monterosa

    Cali
    Meteorito vivirá en el Museo de Ciencias

    Cali
    Guillermo Villaveces, presidente de Andiarios

    Cali
    Alcaldía aclara facturación de valorización

    Cali
    Mañana 163.000 estudiantes presentan el Icfes

    Cali
    “Restringir horarios no es la solución”
    IMPRIMIR
    RECOMIENDE ESTE ARTICULO
    RECIBA ESTA SECCION
    POR EMAIL
    COMENTE SOBRE ESTE ARTICULO
    VER OPINIONES DE ESTA SECCION


      Copyright © 2005 www.elpais.com.co
    Escríbanos: diario@elpais.com.co | Suscripción Impreso | Aviso legal
    Diario El Pais S.A. Cra. 2 No. 24-46 Tel. (572) 8987000 Cali Colombia