Muy preocupados quedaron los colombianos con las revelaciones sobre la pérdida de elementos pertenecientes a los computadores y celulares que utilizaban los jefes del paramilitarismo antes de su extradición. Pero más deben estarlo ahora, después de que el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, reconociera la imposibilidad de la entidad a su cargo para impedir que tan tenebrosos personajes siguieran delinquiendo desde la prisión.

Las inquietudes empezaron desde el mismo momento en que los cabecillas de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, fueron llevados a las instalaciones de lo que fuera la sede de Prosocial en La Ceja, Antioquia. Allí fue notorio su desconocimiento de las más elementales normas de seguridad, prevalidos del tratamiento especial implícito en el proceso de desmovilización acordado con el Gobierno Nacional. Y, lo más preocupante de todo, su intención clara de seguir manejando las organizaciones criminales que mantuvieron, a pesar de los compromisos que firmaron.

Después fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Pero allí se repitieron los hechos, al punto que algunos debieron ser movidos a sitios como Cómbita o la Cárcel Modelo de Bogotá. Y, aunque se estableció un régimen disciplinario mínimo, éste volvió a ser objeto de burlas, mientras la Policía y los organismos de inteligencia alertaban sobre lo que estaba ocurriendo en esos sitios de reclusión. Hechos como los presentados en el penal de Medellín, donde se encontraron armas y varios millones de pesos en efectivo, alertaron de nuevo a las autoridades sobre lo que se gestaba en la cárcel y que era de una gravedad tal que tres meses después llevó a tomar la decisión de extraditar a quienes abusaron de la buena voluntad del Estado.

Ahora se ha sabido que ha habido complicidad de parte de funcionarios y guardianes del Inpec. Y el general (r) Eduardo Morales, director de la institución, ha reconocido públicamente que no existía un reglamento especial para quienes se desmovilizaran en aplicación de la Ley de Justicia y Paz, por lo que se elaboró uno improvisado. Esa es, según él, la causa de los vacíos que permitieron a los jefes paramilitares seguir delinquiendo en las narices de la autoridad penal. Es decir, se repitió la amarga experiencia que Colombia vivió con La Catedral de Pablo Escobar.

Si bien deben ser escuchadas las explicaciones del funcionario, éstas no justifican lo ocurrido. Y mucho menos, que se desaparezcan elementos vitales para las investigaciones sobre el paramilitarismo y los abusos que cometían los hoy extraditados. Esos discos duros y las tarjetas de los celulares no pudieron desaparecer sin la complicidad de quienes deben garantizarle a la sociedad la seguridad en los centros de reclusión. El Director del Inpec no puede alegar que es difícil impedir que se cometan delitos allí, porque eso sería como pedirles a los colombianos que se resignen a aceptar la impunidad y el crimen, ya que las autoridades carcelarias no pueden asegurar su castigo.