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El Editorial
El fallo de la justicia
Mayo 09 de 2008

Casi dos años después de ocurrida la masacre en Jamundí, donde murieron diez integrantes de la Dirección de Inteligencia Judicial de la Policía, Dijín, el órgano jurisdiccional emitió su veredicto, sentenciando a largas condenas a los autores materiales y al determinador del crimen. Con ello, además de hacer justicia, se está enviando un claro mensaje a quienes pretendan utilizar las armas que les proporciona el Estado, con fines distintos a la protección de la sociedad y la salvaguarda de la ley en Colombia.

Los hechos estremecieron a la región y al resto del país, por sus características crueles, que los convirtieron en una atroz demostración de ferocidad, inexplicable en quienes fueron formados en el ámbito militar precisamente para defender los derechos humanos, incluso de los delincuentes más avezados. Lo que hace aún más injustificable que se haya producido el total exterminio de la patrulla Comisión Cali, Comca, grupo especializado en la persecución al narcotráfico, y de un civil que servía de informante. Con ello, los quince condenados desconocieron la formación que les brindó el Ejército, una de las instituciones más queridas por los colombianos.

El primer punto importante de todo el proceso, radicó en haberle reconocido a la justicia civil la prerrogativa de instruir y juzgar el crimen. Con ello se reconoció que los hechos no fueron cometidos en actos de servicio, no obstante que tanto los atacantes como las víctimas pertenecían a la Fuerza Pública. Ello sirvió para poner a prueba la justicia oral y los procesos acusatorios en crímenes de gran envergadura. Y por los resultados arrojados en el caso, se puede decir que la justicia estuvo a la altura.

Porque era inconcebible entonces, y lo confirmó el Juez Cuarto Penal especializado en el análisis de su sentencia, que los autores de la masacre no hubieran identificado a las víctimas, pese a portar distintivos visibles; que no les hubieran respetado la vida, aun en condiciones de indefensión; que actuaran en forma desmedida, pese a tener el control absoluto de la zona, y que se hubiera alterado la escena del crimen, con lo que se demostró la intención de desviar la investigación.

Esas razones, entre otras muchas de las consideradas en los 156 folios de la decisión, y en las largas jornadas que tomó la realización de un juicio en el cual se presentaron cientos de pruebas, peritazgos y testimonios de parte y parte, llevaron al juez a aplicar la condena más alta de que se tenga noticia en Colombia contra militares. Ahora vendrán las instancias superiores, que tendrán a su cargo resolver las apelaciones que los hoy condenados tienen a su disposición para defenderse.

Aunque aún no se sepa el motivo de la masacre, para la Nación queda el ejemplo de lo que pueden lograr las autoridades judiciales cuando existe el compromiso de descubrir la verdad. Y la demostración palmaria de las penas a que estarán expuestos quienes se atrevan a abusar del poder que otorga la Constitución para cometer crímenes como la masacre de Potrerito.
 


 

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