Las autoridades han comprobado nexos de funcionarios públicos con frentes de las Farc. Alcaldes, concejales y secretarios están tras las rejas. Tres congresistas, en la lista de investigados.

Redacción de El País

La captura el pasado lunes del congresista liberal del Caquetá Luis Fernando Almario, por supuestamente mantener relaciones con las Farc para beneficiarse políticamente, es considerada por algunos analistas como el inicio del destape de lo que desde hace algunos meses se conoce como ‘farcopolítica’ o ‘guerrillopolítica’.

Y si bien, antes habían sido puestos tras las rejas, por esta causa, cerca de 30 dirigentes políticos –alcaldes, concejales y funcionarios–, Almario es el primer congresista llamado por la justicia a dar explicaciones de sus presuntos vínculos con las Farc y su supuesta participación en el asesinato del senador Diego Turbay Cote, su madre Inés Cote de Turbay y seis personas más, el 29 de diciembre del 2000 en el Caquetá.

Pero otras personas como el analista León Valencia, consideran que la relación de algunos políticos con las Farc o el ELN es un rezago de la premisa comunista de “combinar todas las formas de lucha”, que la mayoría de la izquierda ya superó, en parte debido al elevado número de muertos que dicha estrategia les generó.

“La combinación de las formas de lucha por parte de la izquierda terminó en un baño de sangre en el que murieron dos candidatos presidenciales, ocho de los catorce parlamentarios de la Unión Patriotica, 70 concejales, doce alcaldes, trece diputados y más de 3.000 activistas y dirigentes sociales”, dijo.

Agregó el Director de la Corporación Nuevo Arcoiris que “ante ese fracaso algunos sectores decidieron romper y comenzaron a construir la izquierda alejada de eso”.

Pero para Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia, no hay ninguna duda de que los grupos guerrilleros mantienen su propuesta de permear las instancias políticas y sectores de la administración pública con el objetivo de tomarse el poder.

“No tengo ninguna duda de que existe la denominada ‘farcopolitica’. Lo que sirve se usa, ese es el concepto. Las Farc son un proyecto político que acude a actividades criminales, pero todavía parece existir un proyecto político atrás”, conceptuó.

Pero Valencia, que lideró la desmovilización de un poco más de 900 combatientes de la Corriente de Renovación Socialista (disidencia del ELN), señala que la filtración de la clase política por parte de las Farc no es comprable con lo que lograron los paramilitares con la cooptación de buena parte de los congresistas.

En su concepto son casos muy puntuales de utilitarismo y conveniencia, sin ninguna afinidad política, pero también advierte que son las autoridades quienes deben establecer la realidad de lo ocurrido con las acusaciones a algunos políticos.

“En el plano regional políticos de partidos tradicionales también mantuvieron acuerdos, pero eso era un negocio sin afinidad política, de utilitarismo. Lo que hay en la ‘parapolítica’, son unas afinidades políticas que ahora tienen mayor poder y mayor eficacia, porque están dentro del Estado”, manifestó.

Asimismo, llama la atención que los políticos acusados hasta ahora de relacionarse con las Farc pertenecen a los partidos tradicionales. Tal es el caso del representante Almario o del senador caucano Luis Fernando Velasco, también liberal, quien es investigado por supuestas relaciones con las AUC.

Ante ello, Nieto argumenta que para los grupos armados el fin justifica los medios y que la guerra no es sólo militar. “La política es una de las herramientas para el objetivo final que es la toma del poder”.

La investigadora Claudia López, quien ha estudiado a fondo la relación de algunos políticos con los grupos paramilitares y los beneficios mutuos que obtuvieron, señala que si bien en algunas zonas controladas por las Farc se han detectado votaciones atípicas –saltos exagerados a favor de algunos candidatos entre dos elecciones– no se han encontrado las pruebas para demostrar la llamada ‘ farcopolítica’.

“El patrón que se ha logrado establecer en el caso de la ‘parapolítica’ son las votaciones atípicas y en el caso de la guerrilla hay pocas votaciones así en zonas guerrilleras. Pero no dudo que lo haya, todos los actores armados ilegales tienen como fin infiltrarse en la política”, precisó.

El triángulo de la muerte

El senador Gustavo Petro, quien en la plenaria del Congreso hizo las denuncias de la llamada ‘farcopolítica’ (especialmente en el Caquetá), insiste en la existencia de un triángulo siniestro que liga, con intereses de control territorial y económico, a un grupo armado, a un narcotraficante y a un político.

“Siempre hay un político, un narco y un grupo al margen de la ley operando coordinadamente en un afán de concentración de poder. El grupo al margen de la ley puede ser paramilitar o guerrillero, el triángulo opera de la misma manera”.

Asegura que tanto el ‘narco’ como el político cambian de apoyo del grupo armado de acuerdo a quien vaya ganando la confrontación. “Si un grupo pierde la guerra con otro en alguna región, simplemente cambia de bando. Pero se mantiene la figura del triángulo operativo de la muerte”.

Señala además que si bien tanto los paramilitares como las Farc buscan en ese tipo de alianzas el control territorial, se diferencian en que el objetivo de los primeros es permear todas las instituciones del Estado a nivel nacional, lo que lograron en varias entidades.

El senador Petro considera que ese modelo se mantiene y persistirá en la medida en que las Farc a través de algunos de sus frentes se mantengan como una organización mafiosa.

Los entrevistados coincidieron en que el llamado a indagatoria del representante Almario sólo es el comienzo de la segunda etapa de un proceso judicial encaminado a esclarecer, de una vez por todas, las relaciones que no sólo la clase política sino diferentes sectores de la sociedad han tenido con organizaciones armadas ilegales.

LOS VíNCULOS DE LAS FARC El pasado fin de semana las autoridades capturaron al ex alcalde de Argelia, Cauca, Elio Gentil Adrada Samboní, por supuestos vínculos con las Farc. Se le acusa de devolverle al Frente 60 de las Farc a dos guerrilleros desertores. Pero quizás uno de los hechos más macabros de lo que ha sido la infiltración de las Farc en la clase política se dio con el concejal de Rivera, Huila, Pedro Gil Trujillo, quien, de acuerdo con las autoridades, facilitó el asesinato durante una sesión del cabildo de nueve de sus colegas, el 27 de febrero del 2006. El 25 de abril del año pasado fueron capturados John Jairo Hueje, alcalde de Planadas (Tolima); Tito Acosta, tesorero, y Derly Consuelo Cubillos, secretaria de Salud, acusados de auxiliar a las Farc. También, en Ovejas, Sucre, las Farc lograron infiltrar la Administración Municipal, por lo que el ex alcalde Álvaro González Quessep; Yerson Vanegas, secretario Gobierno, y los concejales Jairo Andrade y José Luis Rolón fueron cobijados con medida de aseguramiento por rebelión y concierto para delinquir. Recientemente, la Corte Suprema abrió investigación en contra del senador liberal Luis Fernando Velasco Chávez, quien fue acusado por un reinsertado de tener acuerdos con las Farc.