Han vuelto las balaceras callejeras y aumentan los muertos, especialmente jóvenes, en los barrios populares de Cali, Medellín, Bogotá, Pereira, Cartago y Buenaventura. En el caso de Medellín, por ejemplo, el mes de mayo registró 50 asesinatos más que en el mismo mes del año pasado. En Cali, en el Distrito de Aguablanca, carros sin placas recogen muchachos sin que familias ni vecinos sepan de sus destinos finales y en las zonas residenciales y comerciales, a plena luz del día, sicarios disparan y asesinan a mansalva desde motos o a pie, ante el asombro y desconcierto de la ciudadanía. Episodios como salidos de El Cartel de los sapos.

En Bogotá, en plena Zona T, ya los traquetos han ido escogiendo restaurantes para hacer sus tenidas, poniendo en riesgo la vida de los comensales, que deben estar preparados para lo peor. Calles y andenes bloqueados por ‘narcotoyotas’, con escoltas adormecidos sobre los timones, generan condiciones de inseguridad y riesgo en barrios residenciales y zonas de esparcimiento, antes tranquilos. El ambiente actual recuerda los oscuros tiempos de la guerra entre ‘narcos’, testaferros y sicarios en la que cayeron muchos inocentes. Expertos empiezan a hablar de vendettas y ajustes de cuentas entre traquetos menores por el control del negocio y las propiedades, en ausencia de los capos extraditados. Una desbandada de gente del negocio en trance de reacomodarse en el reparto de rutas, zonas de influencia, propiedades o simplemente poder, en cualquiera de sus expresiones.

Este escenario de seguridad ensombrecido deja en claro que buena parte de los descensos en las tasas de homicidios registrados en las estadísticas de las ciudades corrían por cuenta de los propios ‘narcos’ y paramilitares que, como cualquier epidemia, se autorregulan. Esta realidad relativiza en alto grado la incidencia que en esos logros tiene el componente institucional y de presencia de la Fuerza Pública. Es innegable el peso de un ‘Don Berna’ y sus oficinas de cobro en las cifras de Medellín; o de un ‘Chupeta’, ‘Rasguño’, Varela o ‘Don Diego’ en las de Cali y los municipios del Norte del Valle y muy especialmente de Buenaventura, punto crítico de salida de droga por el Pacífico; o de un ‘Macaco’ en la vida diaria de Pereira, Cartago o Barrancabermeja. Es la guerra de sucesión de quienes fueron extraditados y las venganzas contra quienes están colaborando con la justicia, contra los sapos.

Una situación dramática que afecta la vida del común de la gente y que está siendo banalizada e inclusive idealizada en las telenovelas que se transmiten, con gran receptividad, en la audiencia los canales de televisión. Una penetración (¿y aceptación?) cultural que se inició con exitosos productos editoriales y televisivos como Sin tetas no hay paraíso y que hoy parece inatajable. ¡Basta ver la nueva estética femenina! Como están las cosas y sino hay una reacción de dignidad y de decoro ciudadano –señalándolos, denunciándolos o apagando el televisor-, vamos a tener que pedirles permiso hasta para respirar.