Medidas. Ciudades como Burgos, en España, albergan a cientos de inmigrantes, especialmente latinos. Mónica Ospino / El País

Gobierno busca devolver a sus países a extranjeros que quedan cesantes.

Por Diego Muñoz, corresponsal de El País en España.

Soplan malos vientos para la inmigración en España. El sueño de miles de personas que han llegado en los últimos años, en especial latinoamericanos, que se venía desmoronando tras la caída en picada del sector de la construcción, ha sufrido un nuevo golpe tras anunciar el Gobierno, a través del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Celestino Gorbacho, que habrá mas restricciones para la reagrupación familiar y que el Gobierno invitará de “manera cordial” a todos los inmigrantes que se queden sin trabajo a que abandonen el país.

La crisis económica ha obligado al Gobierno a cambiar de manera radical su política de inmigración.

“En parte nos lo esperábamos -dice Libia Velasco de la Asociación Avanzar- ayer mismo el Vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, anunciaron que los españoles tienen que apretarse el cinturón y que el Gobierno tiene que ajustar algunas tuercas, entre ellas, el tema de los inmigrantes”.

De hecho, a partir de julio el Ministerio de Trabajo intensificará su campaña de retorno voluntario para los inmigrantes que se queden sin trabajo, con la oferta del pago de subsidios de desempleo acumulados, en dos cuotas, una primera del 40% y la segunda del 60%. No se sabe cuál se pagará al salir de España y cuál al llegar a su país.

De acuerdo con el ministro Corbacho, la medida afectará a más de un millón de extranjeros, la mitad de los casi 2,2 millones de inmigrantes que no pertenecen a países de la Unión Europea.

“Lo difícil de esto es que la persona que acepte este trato, injusto por cierto, debe renunciar a sus permisos de residencia y trabajo y comprometerse a no volver a España en los tres siguientes años, como mínimo. Es decir, renuncia a todo lo que ha logrado en este país. En otras palabras, ya les servimos, ya trabajamos, ahora sólo quieren que nos vayamos”, explica Carlos Gaviria Gasón, de Inmigrantes por la Reagrupación.

Dividido, el Europarlamento vota hoy en Estrasburgo la polémica ley de expulsión de inmigrantes clandestinos de la Unión Europea, que sería aprobada por una mayoría de conservadores y liberales.

En el caso de que la persona acepte de manera voluntaria no volver en un plazo de cinco años, el Gobierno se compromete a darle prioridad en las contrataciones en origen que se produzcan.

“Hay que entender –dice el Ministro español de Trabajo- que estamos ante otra situación y que seguramente en tres o cinco años mejorará, habrá trabajo de nuevo y además contrataciones, porque entraremos en nueva fase expansiva”.

El miedo del Gobierno y de los españoles es que crezca la cifra de 165.000 desocupados extranjeros que se han anotado al paro y que se vacíen las arcas para cubrir subsidios de desempleo.

“Es el meollo del asunto, somos un estorbo. Antes nos necesitaban para pagarnos poco, para trabajar muchas horas, pero una vez nos quedamos sin trabajo, no nos dan opción a los derechos que tenemos como trabajadores. No quieren que cobremos el paro, sino que nos vayamos de España”, dice Libia Velasco.

El Ministerio de Trabajo estima que por cada trabajador que desee abandonar España, se irán con él tres o cuatro personas que hacen parte de su familia.

“Los trabajadores que pertenecen a los 19 países extracomunitarios con los cuales tenemos acuerdos de Seguridad Social, no perderán las contribuciones hechas en España ni sus derechos en materia de sanidad o de jubilación por ejemplo”, agrega Gorbacho.

Otra de las medidas que contempla el Gobierno español para los que decidan abandonar de manera voluntaria el país, es la concesión de microcréditos de parte de entidades financieras que se encargarán de velar para que los retornados emprendan actividades comerciales al llegar a su país.

“Sabemos muy bien que diez mil euros no son suficientes en España para montar una empresa, pero en países como Marruecos o en algunos de América Latina, pueden representar mucho. No se trata de coger a una persona en paro y despacharla a su país sin más, sino que queremos preservar sus derechos y darle dos oportunidades: establecerse de nuevo en su tierra y poder volver a España en un futuro”, asegura, a su turno, el ministro Gorbacho.

Golpe a reencuentro familiar

Las medidas de carácter económico no son las únicas que figura en el plan retorno, que hace parte de otro plan, el de reforma de la Ley de Inmigración, que se va a impulsar en el próximo otoño (septiembre). Además, las medidas para la reagrupación familiar van a sufrir cambios importantes, el principal, que se excluye a los padres de los inmigrantes, se limita en el caso de los hijos entre 14 y 16 años, que deben tener una oferta de trabajo. Se prevé que los niños solo pueden venir en una época del año, en las vacaciones de verano, para no interferir en el normal funcionamiento del curso escolar.

Es decir, los niños llegarán en el verano para iniciar su año lectivo en septiembre y no en otras épocas, cuando ya se han iniciado las clases. 500.000 niños esperan ser reagrupados en los próximos seis años.

“Con el contrato de trabajo para los jóvenes entre 14 y 16 años –dice el Ministro- lo que queremos evitar es que no acaban pasando los días en las plazas, en los parques y en las calles, porque ya han superado el límite de la enseñanza obligatoria y no tienen trabajo, ni siquiera la oportunidad de optar a cursos de formación profesional.

Pero si no viene los padres, podrán venir los cónyuges ya con el permiso de trabajo bajo el brazo.

Datos clave

La Directiva Retorno establece un periodo de detención de hasta 18 meses y una prohibición por cinco años para volver a entrar en Europa.

Los socialistas proponen varias enmiendas a la directiva, para modificar el compromiso negociado entre la Eurocámara y los 27 países de la UE.

El viaje de los 200 caleños seleccionados para trabajar en España se aplazó por decisión del Gobierno de ese país, dijo Fabio Cardozo, asesor del alcalde Jorge Iván Ospina.

BENEFICIOS A FUTURO En el caso de que un extranjero se acoja al plan y decida volver en tres o cinco años a España, “puede recuperar la condición administrativa que tenía antes de su repatriación”, según lo dispuesto por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “Por ejemplo, dijo el ministro Gorbacho, si un inmigrante tiene ahora su tarjeta permanente de residencia y se acoge al plan de retorno, en el caso de que quiera regresar en cinco años, recuperará su residencia permanente y las ventajas del tiempo que permaneció afiliado a la Seguridad Social”.