Discurso. A las 7:00 p.m. el Presidente con la cúpula militar expresó su “dolor” ante la condena del coronel (r) Plazas Vega y al pedido de investigar a Belisario Betancour. Foto / Cortesía Casa de Nariño

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que rodeen a la judicatura colombiana”: CSJ.

Resumen de agencias

El enfrentamiento entre el Presidente Álvaro Uribe y la rama judicial se agudizó ayer tras sus nuevas declaraciones por la condena a 30 años de cárcel del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega por la desaparición de once personas en la toma del Palacio de Justicia, ocurrida 25 años atrás.

Uribe en una intervención, con el Ministro de Defensa y la cúpula militar a sus espaldas, expresó, por segunda ocasión, que la sentencia “condenatoria al coronel Alfonso Plazas Vega genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas, encargadas de dar seguridad a los colombianos”.

Estas declaraciones, sumadas a los choques por determinaciones como la de enviar a Mario Aranguren (director de la Uiaf) a la cárcel, motivaron a que la sala plena de la Corte Suprema emitiera un comunicado, en el que le pedía al Presidente que las decisiones judiciales “deben ser respetadas por todas las autoridades y por todos los ciudadanos (...) Es impropio descalificarlas o controvertirlas por medios diferentes a los previstos en el orden jurídico”.

Además le pidió al Gobierno que cumpla con las recomendaciones hechas por organismos internacionales, como la ONU, a través de los relatores que han visitado el país. “Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que rodeen y se solidaricen con la judicatura colombiana que viene siendo agredida con el ejercicio de sus funciones”.

La Corte también subrayó que ha observado cómo “las decisiones de jueces y fiscales vienen siendo descalificadas por otras autoridades públicas en lenguaje deplorable con grave peligro para la institucionalidad, para la supervivencia del estado social de derecho y para la vida e integridad de los funcionarios”.

Respaldo al coronel (r) Plazas

El candidato presidencial Gustavo Petro pidió a los ex militantes del M-19 extremar medidas de seguridad ante la que llamó presión luego de la condena de Plazas.

“Respaldamos al ex Presidente Belisario Betancour, que siempre ha procedido con el patriotismo y la transparencia que rechazan cualquier asomo de delito. Respaldamos al alto mando militar y policial de la época, acusados injustamente de haber conocido con anticipación el plan criminal contra el Palacio de Justicia, y de haberlo permitido para justificar el ingreso al interior de la edificación y asesinar personas”, expresó Uribe en su alocución.

Agregó que “la manera de apoyar a las víctimas del Palacio de Justicia no es creando víctimas en miembros de las Fuerzas Armadas. El Gobierno y las Fuerzas Armadas, que con la Política de Seguridad Democrática han recuperado el monopolio de las armas para el Estado y la presencia de la justicia en todo el territorio nacional, incluso en las regiones de donde había sido desplazada por el terrorismo, estarán atentos al desarrollo de las instancias que todavía deben agotarse en el proceso contra el coronel Plazas Vega”.

“Lo único que demandamos de la justicia es justicia imparcial y oportuna frente a los abnegados integrantes de las Fuerzas Armadas, que no pueden ser objeto de maltrato para desviar los crímenes del terrorismo a lo largo de nuestra historia”, indicó el comunicado presidencial.

Pero la molestia por la condena a Plazas Vega no sólo vino del Gobierno, un millón y medio de miembros de las reservas de la Fuerza Pública manifestaron que es un atropello jurídico que lesiona moralmente a todos los soldados de Colombia.

En un comunicado de nueve puntos se dice que “un soldado como Alfonso Plazas Vega, inocente, íntegro, cumplidor de su deber y recto no puede ser condenado”.

Se expresó fue una justicia selectiva que causa perplejidad por la ausencia de los procedimientos contra “los verdaderos autores criminales” integrantes del M19, por los delitos de lesa humanidad que han sido ignorados y excluidos por una ley que viola el ordenamiento jurídico.

Los familiares de los muertos y desaparecidos del Palacio, a su vez, dijeron en una carta pública dirigida al Presidente que no entendían los cuestionamientos del mandatario al fallo condenatorio y que si deseaba que los ex rebeldes, que asaltaron la sede judicial, también fueran procesados que entonces había mecanismos legales que podía utilizar.