La primera audiencia del Tribunal de La Haya sobre la demanda de Nicaragua contra Colombia por la soberanía del archipiélago de San Andrés debe marcar el final de un litigio que nunca debió comenzar, de no ser por razones e intenciones de política interna en los gobiernos nicaragüenses.

Lo que ayer se inició en la ciudad holandesa fue el proceso para decidir si la Corte Internacional tiene o no la jurisdicción para dirimir el diferendo planteado por Nicaragua en el 2001. Esa es la prolongación de los reclamos realizados en 1980 por su entonces gobierno sandinista, 52 años después de ser firmado el Tratado Esguerra-Bárcenas y 50 años después de que el convenio que fijó los límites fuera ratificado por ambas naciones y registrado ante la Liga de las Naciones, hoy Organización de las Naciones Unidas.

De acuerdo con los alegatos de Colombia, en su respuesta preliminar a la demanda de Nicaragua, la jurisdicción de la Corte no tiene asidero en el derecho internacional, debido, entre otras cosas, a la reserva que nuestro país hizo en 1937 de la competencia del alto tribunal mundial sobre cualquier acto que fuera realizado antes de 1932. Allí están los argumentos claros que deben llevar a terminar el proceso antes de entrar en materia, como corresponde a las normas del derecho internacional público, reconocido y aceptado por la inmensa mayoría de las naciones del mundo.

Pero fuera de esos alegatos, lo que existe es la certeza de que nuestro país tiene una larga tradición de soberanía y dominio sobre el archipiélago de San Andrés, incluso desde 1803, cuando aún no se producían los movimientos que culminaron con la independencia de Colombia. En ese entonces, una Real Orden de España le adjudicó al Virreinato de Santa Fe toda la zona de la Costa Mosquitia y el archipiélago que hoy reclama Nicaragua. Como prueba están los documentos que acompañaron la realización del Tratado Esguerra-Bárcenas, que dio por terminado el litigio iniciado en 1838. En él, Nicaragua reconoció la soberanía de nuestro país más allá del meridiano 82.

Por eso es llamativo que 52 años después de haber actuado de buena fe y de acuerdo con la legislación internacional, el Gobierno nicaragüense de 1980 haya pretendido desconocer el Tratado. Y que sus sucesores hayan mantenido una reclamación que sólo se explica por el interés de alimentar nacionalismos mediante la explotación de teóricos conflictos con el exterior. Es lo mismo que aplica con Honduras y Costa Rica, países igualmente vecinos de Nicaragua y con los cuales sostiene similares diferendos.

La Corte de La Haya deberá resolver antes de diciembre las excepciones presentadas por Colombia. Tiempo suficiente para ratificar la propiedad de nuestro país sobre una zona donde sus habitantes se sienten nacionales por derecho propio. Y para resolver las intenciones de Nicaragua, empecinada en mantener una controversia que ya fue resuelta en 1928 por un tratado que debe ser respetado y acatado.