Juicio. En la audiencia preparatoria para el juicio por la desaparición de once personas en la retoma del Palacio de Justicia, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, pidió que no lo odien. Andrés Torres, Colprensa / El País

Empezó el juicio por los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia.

Colprensa y agencias

En el comienzo de la audiencia preparatoria de juicio por los desaparecidos del Palacio de Justicia en contra del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, el militar ratificó su inocencia y aseguró que le quieren cargar muertes que no cometió. “La Fiscalía está muy equivocada, soy inocente de los cargos que se me imputan ”, dijo Plazas Vega.

El militar retirado asumió durante unos instantes su propia defensa y envió un mensaje a los medios de comunicación y a los familiares de los desaparecidos en el Palacio de Justicia.

A los medios los invitó a que trabajen “bajo la ética de la moral y con rectitud. Quiero decirles aquí también a los familiares de los desaparecidos que a mí, por favor, no me tengan odio porque es que aquí en este recinto está una persona inocente”, dijo Plazas al dirigirse al juez.

Pero ya desde la entrada al recinto judicial, parientes de víctimas lanzaron gritos contra el oficial.

En la audiencia el juez que lleva el caso solicitó el testimonio del ex presidente Belisario Betancourt, los generales en retiro Rafael Samudio Molina, Jesús Armando Arias Cabrales, Rafael Hernández y el coronel Edilberto Sánchez Rubiano.

De otra parte, el juez negó el testimonio del actual gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, y del director del museo de la Casa del Florero, Guillermo Hernández de Alba.

La primera sesión del proceso, que se estima se extienda por varios meses hasta su fallo final, comenzó con gritos de sendos bandos a favor y en contra del coronel retirado Alfonso Plazas.

“Dónde están los desaparecidos, Plazas asesino”, gritó un bando, mientras parientes y amigos del oficial replicaron con vivas al Ejército.

Plazas era el jefe de la Escuela de Caballería del Ejército, unidad que estuvo a cargo de evacuar del Palacio de Justicia a unos 40 guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) que se tomaron la sede judicial el 6 de noviembre de 1985.

Los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia piden también el enjuiciamiento de los generales Rafael Zamudio y el general (retirado) Jesús A. Arias.

El coronel fue arrestado a mediados del 2007 bajo cargo de desaparición forzada y desde entonces permanece detenido en una instalación militar de Bogotá.

La toma de los guerrilleros y la acción militar para recuperar la sede del tribunal provocó la muerte de 109 personas, incluyendo 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del comando insurgente, menos una guerrillera. Además dejó once desaparecidos.

Los parientes esperan “una condena contra el coronel Plazas, a quien consideramos responsable junto con otros militares de la desaparición de nuestros familiares”, dijo René Guarín, vocero de las once familias de los desaparecidos, entre ellos Cristina Guarín, hermana de René, y quien trabajaba en la cafetería del Palacio de Justicia.

Algunas imágenes de televisión mostraron a Cristina Guarín salir del Palacio viva cargada por un soldado, pero nunca se la volvió a ver.

Precisamente esas imágenes, que eran desconocidas, provocaron que en el 2006 la Fiscalía General arrancara desde cero la investigación de los sucesos ocurridos en el Palacio y más tarde formulara cargos contra Plazas y abriera investigación contra al menos otros seis oficiales, ya retirados.

En caso de una condena, Plazas podría ser sentenciado a 40 años de cárcel, que es la pena máxima que contempla la legislación colombiana para este delito.

Juicio tras dos décadas

Casi 23 años después del holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985, comienza el primer juicio contra un militar involucrado en la retoma del recinto.

El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue el hombre que dirigió personalmente el operativo.

El general retirado Iván Ramírez Quintero, ex inspector del Ejército, es otro de los militares capturados por este caso.

De acuerdo con el ente investigador, entre las pruebas que existen contra Ramírez se encuentra la versión del sub-oficial Bernardo Garzón, quien afirma que Irma Franco fue torturada por uniformados al mando Ramírez.

Nuestro familiares fueron torturados durante varios días y sus cuerpos metidos en ácido sulfúrico y cal, algunos en la Escuela de Caballería”

René Guarín, vocero de las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia.