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El Editorial
Respeto a los secuestrados
Febrero 01 de 2007

Nuevamente se está presentando el contrapunteo entre quienes pretenden imponer al Gobierno Nacional el intercambio humanitario, impulsados por dos ex presidentes, y quienes no descartan la acción militar para su rescate, encabezados por el presidente Uribe. Es hora de preguntar si esa polémica conviene a la suerte de las víctimas, a la tranquilidad de sus familias y a toda la Nación.

El interrogante surge del lío formado por la propuesta de los ex presidentes Alfonso López Michelsen y Ernesto Samper Pizano de promover una ley para obligar al Gobierno a realizar un acuerdo humanitario que permita liberar a los 58 secuestrados por razones, en apariencia, políticas. Y es pertinente, porque en ese embrollo parece olvidarse la participación de los plagiarios, su ningún interés en devolverle la libertad a sus víctimas y la necesidad de que lo acepten. Pareciera, entonces, que los proponentes no conocieran las limitaciones y las consideraciones que debe tener en cuenta un presidente cuando enfrenta estos problemas.

Porque si de lograr un acuerdo se tratara, esas personas habrían vuelto a la vida hace años. Incluso en las épocas en que López y Samper ejercieron el Gobierno, el Estado y los colombianos demostraron su deseo de lograr un acuerdo para terminar con la violencia. Ellos deben saber por qué no ha sido posible y qué les impidió otorgar las concesiones que les exigían los grupos armados ilegales o qué dificultades implica para el país y su gobernabilidad la existencia de una ley que obligue a las autoridades legítimas a firmar un convenio sin tener en cuenta el comportamiento criminal de quienes deben ser considerados como su contraparte.

También llama la atención que en la propuesta que defienden los ex presidentes no aparezca referencia alguna a los miles de colombianos víctimas del secuestro extorsivo. ¿Acaso el hecho de que por ellos se pidan retribuciones económicas los excluiría de la ley propuesta? Aquí sería necesario preguntarle a los victimarios, las Farc en la mayoría de los casos, si están de acuerdo en incluirlos en el intercambio. Y cuáles serían sus condiciones, para evitar que la propuesta se convierta en otra frustración.

Lo anterior no implica que se deba extender una patente al Gobierno para que el rescate sea la única vía a considerar. Si bien esa es a la vez una facultad y una obligación a la que el Estado no puede renunciar en su obligación de defender la vida de los ciudadanos, ello no puede implicar que se cierren las puertas a las negociaciones. Por eso, la atribución de rescatar o de negociar es una prerrogativa del Gobernante, quien deberá ejercerla según su leal saber y entender y con la prudencia que requiere la protección de las víctimas.

Con el secuestro, Colombia padece una de las peores tragedias de su historia, que debe ser resuelta a la mayor brevedad posible. Pero así como no puede olvidar la suerte que correrán sus víctimas, tampoco puede permitir que se conviertan en bandera para hacer política partidista.
 


 

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