Muchas preocupaciones están expresando los caleños ante la frecuencia que presenta la suspensión del servicio de agua potable, causada por los problemas que afectan al río Cauca. Es el momento para pedir que la situación sea mirada con la rigurosidad que demanda el saber que una ciudad con más de dos millones de habitantes está amenazada de quedarse in el servicio público más importante para el ser humano.

El fin de semana pasado, alrededor del 75% de los residentes en Cali y los municipios que reciben los servicios de Emcali se quedaron sin líquido de manera intempestiva, como ha ocurrido en 54 ocasiones durante el presente año, cada que se registra un aguacero de proporciones sobre el Cauca y los afluentes que le tributan sus caudales, antes de llegar a la bocatoma de Navarro. Las razones son tan lógicas como alarmantes: el mal estado en que se encuentran las cuencas de esos ríos por la deforestación y el descuido secular, las han convertido en productoras de deshechos que la planta de Puerto Mallarino no puede procesar.

Hasta allí está explicada la impotencia de la empresa de servicios para evitar los cortes. Pero con ello también se está desnudando la forma irresponsable con que el Estado, en todos sus órdenes, ha manejado el cuidado del medio ambiente. Y la inminencia de una emergencia de proporciones catastróficas para Cali, si las soluciones no se toman con la sinceridad y la presteza que reclama la amenaza. Porque el problema no es de construir una bocatoma más arriba, para después llegar a los mismos inconvenientes de ahora, sino de salvar al río del cual se alimenta el 75% de la capital vallecaucana.

Entonces, es el momento para preguntar qué han hecho las autoridades locales en los últimos años, con respecto a una dificultad que, claramente, se inicia mucho antes de El Hormiguero, al Sur, y continúa mucho después del Paso de La Torre, al Norte. Y cuál ha sido el papel que han desempeñado la CVC y la CRC en la protección del sistema hidrográfico del Valle y del Cauca o en la sanción a los municipios que incumplen sus obligaciones ambientales, convirtiendo los afluentes en cloacas de sus desperdicios. Así mismo, para indagar cuál es la responsabilidad de agricultores, industriales y empresarios que aprovechan al máximo su vecindad con los ríos, sin que en muchas ocasiones se preocupen por preservarlos de su deterioro.

Por supuesto que la ciudad debe buscar abastecimientos distintos para el futuro. Pero sucede que el problema es aquí y ahora, lo que hace más urgente la recuperación de los siete caudales que atraviesan a Cali, destruidos por la indolencia oficial frente a los abusos de los ciudadanos y a la tolerancia de prácticas como la filtración de los lixiviados que le produce el basuro de Navarro al Cauca o la invasión del jarillón que impide su desbordamiento. Que no se puede justificar aduciendo la pobreza de la gente que destruye sus riberas, porque ellas son las más damnificadas. Ni puede calificarse como un hecho ocasional, porque se está presentando con una frecuencia y una permanencia inocultables.