Vidas como la de Íngrid Betancourt, que se apagan en la selva; actitudes como las de Luis Eladio Pérez, que se niega a mirar a la cámara que lo filma, y la de otros de los 16 testimonios que no hablan, como protesta a su tortura. Y el testimonio del teniente de la Policía Raimundo Malagón, que narra las crueldades a los que son sometidos.

Esos son los documentos que se conocieron en la madrugada del viernes, tras la captura de unos milicianos de las Farc. Se supone que eran las pruebas que le iban a entregar a los protagonistas de la fracasada intermediación, Hugo Chávez y Piedad Córdoba. Algunas de ellas, como las de los tres estadounidenses, datan de enero; otras, como las de Íngrid, fueron realizadas a finales de octubre.

Pero esas no fueron pruebas de vida, sino testimonios claros de su protesta contra la miseria a la que los han condenado sus secuestradores y reclamos para que la sociedad colombiana, encabezada por su gobierno, se mueva a rescatarlos de la tragedia que consume sus valiosas humanidades. Fueron documentos, en especial el de la ex candidata presidencial, que muestran la manera cruel en que sus vidas se están apagando. Son pruebas de la muerte a los que parecen condenados, por las perversas intenciones de las Farc de utilizarlos para ganar un espacio como interlocutores en la política.

Por eso, los documentos revelados no pueden servirle a nadie para reclamar éxitos en nada. Y, más bien, tienen que impulsar un movimiento que permita salvar a esos seres humanos que se pudren en la selva y cuya tragedia es explotada y amplificada por sus victimarios. Un movimiento humanitario, encabezado por la comunidad internacional, que sea capaz de terminar con una tortura pública, indigna y vergonzosa, padecida por personas cuyo destino parece ser el de servir como peones en un ajedrez mortal.

De ahí que ya no es momento para seguir reclamando despejes absurdos ni para continuar en el punto muerto de un diálogo entre las Farc y el Gobierno Nacional, que no se ha podido realizar porque las posiciones tozudas y las intenciones propagandísticas lo han convertido en un imposible. Y tampoco es viable seguir insistiendo en intermediarios motivados por la sed de protagonismo que deja secuelas terribles para los secuestrados, como ocurrió en el pasado reciente.

Ahora es el tiempo para buscar una alternativa mundial, que haga posible poner el carácter humanitario de la misión por encima de las ambiciones políticas y de los intereses de todo orden. Para que le garanticen a los colombianos que las concesiones, que sin duda deberán realizarse, no se conviertan en el revivir de la violencia que las Farc utilizaron durante los cuatro años que tuvo a su disposición la zona del Caguán, para tratar de imponerle a la Nación sus tenebrosos designios.

Con la revelación de los documentos, los colombianos debieron sentir el estremecimiento propio de una mala noticia, porque si bien muestran a 17 de los plagiados con vida, también les ratificaron la crueldad del secuestro que padecen las víctimas de las Farc y la forma en que se están extinguiendo seres como Íngrid Betancourt. Razón de más para reclamar el espíritu humanitario que se requiere para devolver a la libertad a las víctimas, algunas de las cuales llevan ya diez años muriéndose en la selva.

Preguntas

¿Cuándo se sabrá quiénes fueron los responsables del robo por $1.400 millones a la Beneficencia del Valle?

¿Tienen razón quienes aseguran que Hugo Chávez se equivocó pensando que el lío que armó con nuestro país le iba a generar más respaldo para el referendo que se votará hoy en Venezuela?

¿Por qué las Farc nunca entregaron las pruebas de supervivencia que grabaron el primero de enero de este año y que fueron decomisadas el pasado jueves en Bogotá?

¿Al fin cuándo se va a cerrar el basuro de Navarro?