Sin haber logrado en su totalidad el propósito de conseguir la paz con todos los grupos violentos que entonces azotaban a Colombia, desde ayer está en plena vigencia en nuestro país el Tratado de Roma, mediante el cual se estableció la Corte Penal Internacional, CPI. Con ello empieza otra época, en la cual la Comunidad Internacional participará en el propósito de impedir la impunidad por delitos atroces.

En el 2002 el entonces presidente Andrés Pastrana ratificó el Tratado, acogiendo la salvaguardia que aplazaba durante siete años su aplicación en territorio colombiano. La intención, entonces, fue dejar la puerta abierta para que las organizaciones criminales que actuaban pretextando fines políticos aceptaran negociar con el Estado, sin que la CPI tuviera jurisdicción sobre actos como genocidios o crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Tal salvaguardia, que fue acogida por el presidente electo Álvaro Uribe, era un mensaje de paz, pese al enorme fiasco que significó el proceso de diálogo iniciado por el presidente Pastrana con las Farc. Y aunque la decisión recibió enormes críticas, justificadas en gran parte por el ominoso avance del terrorismo en contra de los colombianos, también tuvo defensores entre quienes conservaban la esperanza de encontrar una salida pacífica y concertada al irracional conflicto que entonces destruía a la Nación.

De aquella ilusión sólo participaron los más representativos grupos paramilitares. Y fue mediante la Ley de Justicia y Paz que se logró el desarme de una maquinaria de guerra compuesta por más de 30.000 hombres armados. Las críticas no se hicieron esperar. Pero haciendo una retrospectiva, el país puede hacer el balance de la impunidad que significó la Ley 975 de 2005, frente a la desactivación de una de las organizaciones más violentas en la historia de Colombia. Todo ello fue posible, entre otras razones, por la excepción consagrada el 5 de agosto de 2005.

A partir de ayer, el Estatuto de Roma se aplicará en forma plena en nuestro país. Quiere ello decir que la CPI no tendrá límites de tiempo o lugar, pudiendo juzgar los criminales de guerra donde quiera que estén. Así, crímenes como el terrorismo indiscriminado, el reclutamiento de menores, el uso de minas antipersona o el exterminio, podrán ser perseguidos por el Tribunal, cuyo asiento está en La Haya. Y aunque sea un mecanismo subsidiario que sólo podrá actuar cuando considere que la justicia colombiana es incapaz o se resiste a procesarlos, significa un gran paso en el propósito de acabar con la impunidad.

Eso debe implicar el avance definitivo para combatir la violencia que durante décadas ha golpeado a nuestra Nación, prevalida precisamente de la incapacidad del Estado para aplicar la recta y cumplida justicia consagrada en la Constitución. Pero también el punto de no retorno para el ELN y las Farc, que guiados por la arrogancia desconocieron el gesto que se les hacía. Ahora deberán responder en cualquier parte del mundo por su barbarie, como mantener secuestrados durante doce años y asesinar miles de personas mediante el terrorismo.