Mientras la Justicia colombiana avanza en el empeño de dar cumplimiento a la Ley de Justicia y Paz, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz creada por la OEA reafirma en sus informes las bondades de una iniciativa que ha logrado muchos de sus objetivos, pese a las limitaciones y los errores.

El pasado lunes se llevó a cabo la primera audiencia de reparación colectiva realizada por el Tribunal de Justicia y Paz, con la participación de más de 1.500 víctimas. Dos de los más tenebrosos cabecillas del llamado Bloque ‘Montes de María’ de las Autodefensas Unidas de Colombia estuvieron allí, y reconocieron las centenas de crímenes que cometieron, los miles que ordenaron perpetrar y los daños que causaron.

Además de ser un evento sobrecogedor, la audiencia sirvió para reconocer la necesidad de que los colombianos no piensen en que la desmovilización lograda hace algunos años terminó con la tragedia de la violencia. Por el contrario, allí se pusieron de presente las dificultades para lograr la reparación de las víctimas, así como se insinuaron los obstáculos para lograr una verdadera reconciliación.

Por su parte, el séptimo informe trimestral de la OEA muestra las facetas del proceso de desmovilización. En una de ellas reconoce el compromiso de las diferentes instituciones del Estado colombiano en sacar adelante la iniciativa con la cual se desmovilizaron en forma pacífica más de 25.000 alzados en armas, un verdadero ejército de terror. Sin embargo, hay otra que muestra la forma en que esas organizaciones se atomizan, generando nuevos grupos que si bien carecen del cariz político que acompañó a las AUC, conservan una gran capacidad de reclutar miembros y de hacer daño por medio de la violencia, financiados por el narcotráfico.

En una entrevista publicada por El Espectador, el jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía mantiene su credibilidad en el proceso, pese a las enormes dificultades con las que ha tenido que combatir la Unidad a su cargo. Y manda un mensaje que quizá es la médula de todo el asunto si los colombianos quieren saber la verdad, castigar a los culpables y reparar a las víctimas: “Todos vivimos en una sociedad anestesiada y mañana se nos olvida”, dice, al responder la pregunta sobre cuál, de toda la barbarie documentada por la Fiscalía, es la que más le ha afectado.

Por otra parte, Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, ha hecho un llamado a los candidatos a la Presidencia de la República para que se prorrogue y se mejore la Ley de Justicia y Paz. Para que se agilicen los procedimientos de expropiación a los bienes de los paramilitares y se puedan conseguir los recursos que requiere el Fondo de Reparación. Es otra más de las facetas del drama que ha causado la combinación de violencia y ausencia del Estado, combinación fatídica de la cual todavía no se recupera nuestra Nación.

¿Qué hacer entonces? La respuesta es una sola. No desfallecer hasta encontrar la luz al final del túnel. Y antes que ignorarlo o convertirlo en motivo de discordia o de crítica al Gobierno, los colombianos están en el deber de respaldar e impulsar el proceso de desmovilización fundamentado en la Ley de Justicia y Paz.