El caso involucra ahora al presidente del Partido de la U, Carlos García, y otros dos congresistas de Nariño.

Colprensa

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir investigación preliminar a otros tres congresistas no sólo elevó a 54 el número de parlamentarios investigados, sino que vinculó en esa lista a una de las figuras más representativas del Partido de La U, el senador Carlos García, actual presidente del movimiento.

La decisión se fundamenta en testimonios entregados por varios desmovilizados, quienes hablan de una presunta reunión que habría tenido García en el 2001 con miembros del Bloque Tolima de las AUC, en el municipio de San Luis (Tolima).

La determinación cobijó, igualmente, al senador conservador Eduardo Enríquez Maya, y a la representante a la Cámara por Nariño Myriam Paredes.

En el caso de estos dos parlamentarios, la medida también fue adoptada por el alto tribunal sustentada en los testimonios entregados por desmovilizados de las AUC, quienes señalan a los dirigentes como destinatarios del apoyo de los paramilitares.

Según pudo conocerse, los supuestos vínculos de estos congresistas se habrían dado con el Bloque Libertadores del Sur, de las autodefensas.

Los testimonios y documentos que hacen parte de la investigación dan cuenta del presunto apoyo entregado por Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, a los políticos nariñenses.

Aunque esta determinación no vincula formalmente a los parlamentarios en el proceso judicial, si abre las puertas para, de encontrarse aspectos comprometedores, llamar a los congresistas a versión libre, determinación que podría ser adoptada en las próximas dos semanas.

Respaldo a García

La vinculación de Carlos García a la investigación previa generó división en el Partido de la U, a cuya Presidencia renunció al conocer la noticia de la investigación.

La U, el movimiento con mayor presencia en el Congreso, tiene cinco senadores y cinco representantes investigados. Cuatro de ellos presos.

“Me aparto de la dirección del partido, pero no renuncio al Congreso. Voy a atender el llamado de la justicia para aclarar la conducta”. Esas fueron las palabras de García, que motivaron una reunión extraordinaria en el interior de La U, en la cual se rechazó de “forma unánime” la renuncia del actual presidente de la colectividad, quien, por ello, ‘reversó’ su decisión.

“Le hemos dado todo nuestro respaldo (a García), primero por institucionalidad y luego porque esa es una medida en la cual se le declara vinculado a la investigación (…) nos pareció apresurado tomar esa determinación”, dijo el senador Luis Élmer Arenas al término de la reunión de bancada.

García, al anunciar que seguía en la presidencia del Partido, dijo que la ‘reversa’ de su decisión obedece a que “no se me ha comunicado oficialmente la decisión de la indagación preliminar en la Corte”, y en segundo término porque los congresistas de La U insistieron en que “yo soy tan institucional como lo es el respeto a la justicia, como también debo respetar el debido proceso y debo atenerme a que primero se me informe antes de dar pasos que comprometan la viabilidad del partido”.

Sin embargo, los llamados disidentes del partido, como las senadoras Marta Lucía Ramírez y Gina Parody, señalaron que siguen respaldando la labor de la Corte Suprema y que la inocencia se puede demostrar desde cualquier parte.

En sus propias palabras

"No aceptamos la renuncia del senador García a la presidencia, porque creemos que tiene el derecho a la presunción de inocencia”.

Zulema Jattin, senadora de la U.

Medida de aseguramiento

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, en contra del senador antioqueño Humberto Builes Correa, detenido por las autoridades el 8 de abril pasado en el Congreso de la República.

En contra de este parlamentario, quien hace parte del Partido Cambio Radical, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió orden de captura luego de recopilar una serie de pruebas documentales y testimonios que lo señalan de tener nexos y haberse reunidos con miembros de grupos armados ilegales.

Esos señalamientos fueron contestados por el congresista, quien manifestó que sí se reunió “con el desmovilizado jefe paramilitar Freddy Rendón, alias El Alemán”, según él, para lograr la devolución de 500 hectáreas de tierra de su propiedad que habrían estado invadidas por paramilitares de Urabá.

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