El Fiscal General de la Nación habla sobre el proceso de Justicia y Paz, DMG y los derechos humanos.

Por Adriana Tovar y Alfonso Ospina - Colprensa

Al entrar en la recta final de su administración, la preocupación principal del fiscal General, Mario Iguarán Arana, sigue siendo dar herramientas para mejorar el panorama de respeto a los Derechos Humanos en Colombia. Y está tranquilo porque sabe que el equipo que queda en esa entidad continuará con esa política, de la que dice “es sólo cuestión de voluntad”.

En ese esfuerzo, esta semana realizó una nueva entrega de restos de víctimas de los grupos armados a sus familias. Con ellos son unos centenares de cuerpos identificados y 1.040 recuperados, de un total de 22.000 colombianos desaparecidos, hecho que Iguarán calificó como un “genocidio”.

Sobre estos temas y otros de los casos que adelanta su despacho, el Fiscal General habló con Colprensa.

Los paramilitares que se han acogido a la Ley de Justicia y Paz siguen reclamando más protección para sus familiares en Colombia, ¿esto podría entorpecer el proceso de reparación?

El Estado no puede, y ahí se incluyen la Fiscalía, las Cortes, el Gobierno y la Fuerza Pública, abandonar el proceso de Justicia y Paz; cada uno tiene, por misión y porque así obliga la Ley, unas tareas para sacar adelante el proceso. Una de ellas es darles protección a los familiares de los postulados, así se trate de extraditados, pues si hay riesgo de las vidas de sus familiares, los postulados no van a contar los hechos que afectaron a otras personas.

Ya hubo una alerta de la Procuraduría por hechos como el de ‘Cuco Vanoy’, a quien le han matado a tres familiares, o el de Salvador Arana, proceso en el que han muerto o sufrido atentados catorce testigos. ¿Eso demuestra que el programa no es eficaz?

Frente a las críticas, que son válidas, puedo decir, primero, que en el propósito de obtener la certificación de la Fiscalía de lo que ya estamos seguros es de que ese programa será certificado; y, segundo, que el programa ha obtenido reconocimientos, no con medallitas, sino con solicitudes de cortes internacionales para que se lo facilitemos. Los más interesados en deslegitimarlo son los mismos que quieren que los testigos no se acerquen a la Fiscalía.

Esta semana la Procuraduría abrió investigación a seis gobernadores por supuestos vínculos con DMG, ¿en la Fiscalía hay evidencias de la infiltración en política de esa firma?

Por el momento es muy difícil decir cuál era el propósito, a título de conjetura, seguramente buscaban usufructuar las posibilidades en materia de contratación. La Fiscalía tiene investigaciones abiertas, sin perjuicio de que pueda abrir otras. En el caso del gobernador de Bolívar, por ejemplo, ya hemos ordenado inspecciones, declaraciones, lo hemos escuchado en versión, estamos revisando el perfil patrimonial antes de llegar a la Gobernación e igual pasa con el del Magdalena.

Hay políticos implicados con DMG, así como hay ‘farcpolítica’, ‘parapolítica’ y demás. ¿Cómo puede limpiarse la actividad política Colombia?

Haciendo cada uno lo que nos corresponde, en lo misional y en lo visional. Por ejemplo, la Fiscalía fue la primera en denunciar los nexos de la ‘parapolítica’, cuando con ocasión de investigaciones en Casanare y Meta por corrupción administrativa terminó acusando a los gobernadores de entonces por vínculos con las autodefensas y algo similar ocurrió en Sucre. Es la misma Fiscalía la que está promoviendo investigaciones por ‘Farcpolítica’, incluso ya con indagatorias, y antes de diciembre pasado llevaba catorce meses abriendo investigaciones sobre DMG.

Hace más de un mes, el Presidente ordenó que el DAS no hiciera más interceptaciones telefónicas y que esa tarea pasara a la Policía. ¿La Fiscalía, desde donde parten las interceptaciones, verifica que ya operó ese cambio?

Quien decide a quién se le concede una sala es un comité interinstitucional del Proyecto Esperanza (el sistema de interceptaciones en Colombia), lo que entendemos es que el Presidente dispuso que la Policía pudiera, más que hacer ella misma de operadores de las interceptaciones, ser una garantía para que esas interceptaciones de las salas asignadas al DAS y operadas por el DAS tengan la transparencia necesaria.

Entonces, el DAS sigue haciendo las interceptaciones…

Sí, claro, los operadores realmente son del DAS, pero con una presencia de la Policía a manera de garantía y siempre autorizado por un Fiscal, que tiene que responderle a un juez.

Esta semana la Fiscalía realizó una nueva gira para entregar restos de personas fallecidas por agentes violentos, ¿se trata de un proceso muy oneroso para su despacho?

En medio del dolor y en ese momento tan difícil, hay que sacar a la gente de la tortura de la incertidumbre. En ese aspecto debo decir algo importante: aunque los victimarios están colaborando, mucha de la información nos la están dando las propias familias de las víctimas que antes no lo hacían por el temor de acercarse a la justicia, ya se ha creado una confianza. El momento de la entrega es particularmente difícil y en él actúa un grupo interdisciplinario con trabajadores sociales y sicólogos.

¿Tienen cifras consolidadas de cuantos desaparecidos hay en Colombia?

Hoy estamos hablando de 22.000 desaparecidos en Colombia. De ellos hemos encontrado 1.040 y entregado identificados varios centenares. Uno tiene que concluir que acá lo que había era un genocidio

¿Ya acabó ese genocidio?

No, lo que hicieron las Farc con los Awá fue una masacre y ante esos hechos uno tiene que concluir que no ha pasado, pero lo importante y lo que nos corresponde es judicializar y dar resultados, no dejarlo en la impunidad.

Este año termina su trabajo en la Fiscalía, ¿teme que quien lo suceda no continúe esa vocación en pro de los Derechos Humanos?

No, porque los fiscales y demás personas que trabajan acá tienen esa sensibilidad; incluso puedo decir que me he contagiado de la sensibilidad de ellos. En el país no había un solo caso de investigación exitosa por desaparición forzada y ahora tenemos los del campesino Mario Nieves, en Buriticá (Magdalena) o el de once jóvenes de Tolú Viejo, por este caso tenemos enjuiciados a un teniente y a unos suboficiales y por el primero, acusado a Hernán Giraldo. Todo es voluntad.

¿Está cerca de llegar a una conclusión por los desaparecidos en Soacha?

Uno tiene que ser cuidadoso y no atreverse a dar fechas, pero lo que me informan los fiscales de la unidad de derechos humanos es que estamos muy cerca.

Usted anunció que en el proceso de renovación del América no se dejará meter goles, ¿cómo va a lograrlo?

Todos tenemos la obligación de concurrir al llamado del Alcalde Ospina para ver qué se puede hacer para estructurar una nueva empresa. Ahí ya están muchas entidades del Estado y en lo que le compete a la Fiscalía vamos a velar por que en América no existan ni pasados ni futuros o potenciales aportantes con dudas. Quienes tengan dudas, quienes tengan antecedentes, es mejor que no se acerquen al América.

¿Las capturas de familiares de los Rodríguez demuestran que el poder del narcotráfico no ha terminado?

Hay unas declaraciones de personas que estuvieron en cercanía de ellos y otras pruebas que permitieron hacer una imputación por lavado de activos, vamos a continuar con la investigación, analizar los documentos y las incautaciones para saber cómo se debe proceder.

En el país hay confusión por el caso que recibió hace poco su despacho de la Corte Suprema, por una supuesta relación del ministro Valencia Cossio con las Farc, ¿qué pasa realmente en ese proceso?

No debe entenderse como una solicitud de la Corte para que se abriera una investigación; para ser precisos, se trata de una remisión que hace la Corte de unos documentos, de una información que pretende vincular al Ministro con las Farc, pero sólo es una remisión, para que la Fiscalía decida si hace un radicado, si abre una investigación o si hace otra cosa.

EE.UU. solicitó en extradiciones a los máximos jefes de DMG, pero dos de ellos ya están condenados, ¿esa situación vuelve a agitar la polémica sobre ese recurso judicial?

A quien le compete conceptuar si procede la extradición es a la Corte y a quien le compete concederla es al Gobierno. La Fiscalía es ajena a este tema, aunque interviene en algunos trámites. Por ahora sólo debo decir que somos correligionarios de la figura de la extradición y que esa figura ha demostrado sus bondades en la lucha contra las organizaciones criminales.

"DMG se vislumbra como una empresa montada para captar dinero ilegalmente, enriquecerse de manera ilícita, lavar activos y no se puede descartar que también haya sido para cometer narcotráfico”.

"El 50% de las condenas por homicidio de sindicalistas en la historia del país se dictaron en los últimos dos años y casi 300 medidas de aseguramiento por ejecuciones extrajudiciales se han dictado en año y medio”.

"Cuando termine mi periodo en la Fiscalía el personal que trabaja acá continuará dándole prioridad al tema de los derechos humanos como hasta el momento hemos venido haciendo”.

"El proceso de desenterrar una verdad para que florezca la justicia y se repare a las víctimas requiere muchos recursos económicos y de personal y un gran compromiso espiritual”.